Yo Sí denuncia el avance en la pérdida del derecho a la Salud

Fuente: Yo Sí Sanidad Universal 14/08/2013

El bosque (nuestro modelo sanitario) y el árbol (cada una de las medidas que se adoptan en torno a él), de eso se trata. Otra vez el Gobierno nos ha brindado en apenas una semana datos fragmentados, divisibles, como si unos no se vincularan con otros, como si cada una de las partes no tuviera que ver con ese todo llamado Real Decreto Ley 16/2012 que desde hace un año excluye del acceso al derecho a la protección de la salud a cientas de miles de personas y ahora, con las nuevas medidas, mercantiliza la salud de todas, sin excepción.

Inmigrantes por un lado, reproducción asistida de mujeres solteras y lesbianas por otro, más allá el cobro del servicio no urgente en ambulancias, más acá el precio de un derecho que deja de serlo para convertirse en mercancía… y en el centro de la opinión pública debates aislados que se instalan en los medios reduciendo nuestra capacidad de ver un bosque al que cada día se le talan más árboles, de aquí y de allá, de todos lados. Abandonar la universalidad de un derecho para extender la exclusión y mercantilizar nuestras vidas, de eso se trata.

El avance del rodillo neoliberal ha convertido nuestra sanidad en un modelo de aseguramiento donde el que más tiene podrá acceder a las prestaciones y el que menos, quedará indefectiblemente fuera. Y a esas personas, nuestros vecinos y vecinas excluidas, si quieren acceder, el Gobierno ya se ha encargado de ponerles un precio.

Desde Yo Si Sanidad Universal llevamos más de un año denunciando que el cambio de modelo implica mucho más que la privatización de hospitales o cese de miles de profesionales de la sanidad, o el repago farmacéutico, u otras medidas que a lo largo del año nos han ido implementando y tienen una gravedad incontestable. Se trata de que estamos perdiendo un derecho fundamental de nuestra sociedad y eso no nos lo podemos permitir, por cada vecino excluido, por cada vecina enferma… es la salud de todas las que está en juego.

Quizá sea momento de ver qué está pasando en países donde un modelo similar se lleva implementando desde hace un tiempo ya. En Grecia, por caso, hay más de 3 millones de personas que no están teniendo acceso a la asistencia sanitaria pública y el número de personas infectadas por enfermedades como el VIH ha aumentado hasta un 200% en apenas 2 años de recortes.

En Portugal, desde el año pasado la asistencia en urgencias puede costar hasta 50€ según las pruebas que requieran y todas las consultas y estudios que comenzaron con un precio ínfimo, en apenas dos años han multiplicado por dos y tres su coste. El propio ministro de Sanidad luso ha pedido a la ciudadanía colaborar “para no caer enfermos”, como si nos gustara enfermar también, por encima de nuestras posibilidades.

En Estados Unidos para alejarnos un poco de la Europa en crisis, según el grupo de defensa del consumidor “Families USA”, en el año 2010 aproximadamente 26.100 personas entre 25 y 64 años de edad perdieron la vida en forma prematura por no poder acceder a un seguro médico. El número de muertes entre las excluidas dejó así una tasa de 72 fallecimientos al día, o lo que es lo mismo, 3 personas cada hora dejaron de existir por el abandono de la administración pública.

Entonces, quizá le pregunta que se impone sea ¿cuándo dejaremos de mirar pasivamente a quiénes han excluido y padeceremos en nuestros cuerpos la exclusión? Basta mirar a esos otros países para comprender que el sistema de exclusión no apunta a colectivos en particular como nos quieren hacer creer, sino que implica la expropiación de un derecho fundamental de todas las personas, como es el de la protección de la salud.

En la Plataforma Yo Si Sanidad Universal seguiremos denunciando y actuando contra la exclusión sanitaria, e invitamos a vecinos y vecinas, a personal sanitario y administrativo, a todas las personas que vivimos en el Estado español, a continuar desobedeciendo y así defendiendo nuestro derecho a tener una sanidad pública y universal, y a no cesar en la lucha por derogar un Real Decreto Ley por inhumano, inmoral y asesino.

Que el árbol no nos tape el bosque. Que no sigan vendiéndonos como pequeñas medidas todo aquello que hace a la pérdida de nuestro derecho. Por una sociedad sana, derechos para todas las personas… Porque es la salud de todas la que está en juego, y no permitiremos que sigan jugando con ella.

Domingo 23 de Junio. Marea Blanca contra la privatización y pérdida de universalidad de la Sanidad

12:00-12:15 Concentración en la Puerta del Sol y Entrega Simbólica de los votos de la Consulta por la Sanidad en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Llevar folios con un SI grande para levantarlos al toque del silbato.

12:20 Manifestación Sol - Puerta de Alcalá. Al finalizar se guardará un minuto de silencio por las graves consecuencias (muertes) de la privatización y pérdida de universalidad de la Sanidad

Un año de exclusión sanitaria. Comunicado de prensa de Yo Sí Sanidad Universal

Desde el colectivo Yo Sí Sanidad Universal exigimos la derogación del RDL 16/2012, y comunicamos que con motivo del primer aniversario de su aprobación hemos realizado algunas acciones.

Hace un año, el 24 de abril de 2012, se publicaba en el BOE, después de su aprobación en las Cortes el anterior 20 de abril, el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Desde el colectivo Yo Sí Sanidad Universal exigimos la derogación del RDL 16/2012 de inmediato y comunicamos:

1. Que hacemos entrega en el registro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de una carta a la atención de la Sra. Ana Mato, titular de dicho ministerio, exigiendo la derogación del RDL 16/2012 [adjunta].


2. Que denunciamos ante los diputados y diputadas y los medios de comunicación en el Congreso la injusticia que supone el RDL 16/2012 y que rechazamos convivir con todas las consecuencias del mismo, anteriormente citadas.


3. Que hemos realizado una pieza audiovisual que evidencia las nefastas consecuencias del RDL 16/2012 y hace un llamamiento a la desobediencia civil para garantizar la igualdad de derechos sociales para toda la población [el enlace a este vídeo se encuentra en el correo electrónico de esta nota de prensa].

Consideramos imprescindible reivindicar su derogación por los siguientes motivos:

1. Que el RDL 16/2012 supone un cambio de modelo sanitario al completo y no un paquete de medidas de ahorro. El modelo pasa de ser universal a fraccionado, excluyendo a parte de la población del acceso al mismo, atacando directamente el derecho básico a la salud protegido por la Constitución Española y estableciendo un sistema sanitario en el que dejamos de ser pacientes para ser personas aseguradas.


2. Que las consecuencias de la aplicación del RDL 16/2012 están teniendo un impacto en la salud pública dramático, algo que hemos registrado a través de los casos con los que hemos tenido contacto directo e indirecto.


3. Que el RDL 16/2012 tiene un efecto disuasorio sobre el uso del sistema de salud, al incorporar los cobros en el mismo y ello contribuye de nuevo a la construcción de una sanidad fraccionada y no universal que afecta a toda la población.


4. Que en nuestra sociedad se está desarrollando un modelo de apartheid sanitario que consideramos profundamente injusto y que la ciudadanía rechaza unos términos de convivencia en el que unas vidas valen más que otras.


5. Que este año de injusticia en el acceso a la sanidad se ha visto acompañado de un ataque frontal a la sanidad pública y universal a través de planes de privatización que dejan en manos de corporaciones privadas la gestión de la misma y cuya lógica es la generación de beneficios en primer término, y no la garantía de una atención de calidad y centrada en la persona enferma, como hasta ahora.


6. Que todo ello se ha acompañado de un discurso político basado en la escasez y la falta de eficiencia totalmente falso en todos sus elementos. El sistema universal y público que están tratando de destruir era de los más eficientes a nivel mundial en lo referente a la relación entre atención integral y medios económicos dedicados a ella, en oposición al modelo privado, que genera un nivel de gastos mucho mayor.

Por una Sanidad Pública y Universal
Yo Sí Sanidad Universal
En Madrid, a 24 de abril de 2013

La póliza de Mato no cubrirá los medicamentos de los sin papeles.La cuota de 710 euros se ciñe a la cartera básica

Fuente: El País 28/09/2012

La vía abierta ideada por el Ministerio de Sanidad para permitir que los inmigrantes en situación irregular, previo pago de una póliza, puedan acceder de nuevo a la red pública sin que se les facture la atención consiste en una cobertura de segunda categoría. La oferta se limita a la cartera básica de servicios, lo que deja fuera el transporte sanitario o las prótesis externas (sillas de ruedas, corsés). Pero también cualquier tipo de ayuda en la compra de medicamentos: quienes se acojan a esta opción deberán pagar el 100% de su coste.

Esta puerta de atrás es la fórmula que el Gobierno pretende ofrecer para que puedan volver a ser atendidos todos aquellos inmigrantes sin papeles que, desde este mes, han perdido el derecho a contar con su tarjeta sanitaria debido a la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de abril. Uno de los aspectos más relevantes de esta medida es la restricción al acceso de la sanidad a los extranjeros sin permiso de residencia (excepto las urgencias, el parto y la atención pediátrica). El nombre de esta repesca a la baja es Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan condición de aseguradas ni beneficiarias del sistema nacional de salud, y está previsto que su último borrador, al que ha accedido este diario, se apruebe en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reunirá el próximo miércoles 3 de octubre.

El mecanismo descrito en este documento es similar al de un seguro sanitario privado. Mediante el pago de una póliza de 710 euros anuales para las personas hasta 64 años (59,2 mensuales) y 1.864,8 euros a partir de los 65 años (155,4 al mes) se reconoce el acceso a “las prestaciones de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud”. El Ministerio define este paquete básico de la atención sanitaria como todas aquellas actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que tienen lugar en los centros sanitarios y sociosanitarios; además del transporte sanitario urgente.
Ello supone que, a pesar de abonar las cuotas mensuales, las personas que se acojan a esta posibilidad deberán pagar el coste íntegro de los servicios incluidos en la cartera suplementaria y de los servicios accesorios sanitarios. A la primera categoría pertenecen las prestaciones farmacéuticas extrahospitalarias, así como las prótesis externas, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente. En todos estos casos, Sanidad ha revisado el copago (como es el caso de los medicamentos) o tiene pendiente hacerlo. Nada de ello afectará a los inmigrantes que suscriban el convenio ya que no se les concederá ningún tipo de subvención. Ni siquiera la menor, que comporta asumir el 60% del precio. Lo mismo sucederá con los servicios accesorios: rehabilitación, psicoterapia y todos aquellos que se prestan para mejorar una enfemedad crónica

Para acogerse al convenio se requerirá al usuario no tener la condición de asegurado ni beneficiario del Sistema Nacional de Salud, así como estar inscrito en el padrón de algún municipio español un año antes de la fecha de solicitud.

Esta solución restrictiva formulada por el Ministerio de Sanidad llega mientras la mayor parte de las autonomías gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla y León) están facturando o se disponen a facturar cada acto sanitario que presten a los inmigrantes en situación irregular. La póliza sería la única forma de evitar recibir una reclamación de cobro por cada acto sanitario en la red pública. Sin embargo, no parece una medida a la altura de la capacidad adquisitiva de la población a la que se dirige. La mayoría de los inmigrantes sin papeles apenas cuentan con ingresos (si tuvieran un contrato podrían acceder a un permiso de residencia, regularizarse y acceder a la tarjeta sanitaria). Por ello, a Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, le parece “una barbaridad” solicitar estos más de 700 euros anuales (como mínimo).

Basora recuerda que la primera intención de Sanidad fue contar con ellos y las organizaciones no gubernamentales para encargarles la asistencia sanitaria a la población excluida por las medidas del Gobierno. Aquella especie de Cáritas sanitaria, a la que se negaron tanto médicos como ONG, ha acabado siendo un modelo de sanidad descafeínada. Y eso para los que puedan pagar

"No atenderles viola mi ética y mis principios"

Mar Noguerol es médico de familia de un centro de salud madrileño en una zona en la que la población extranjera ronda el 15%. Es uno más de los profesionales que han manifestado su rechazo a la exclusión de las personas sin papeles del sistema sanitario, declarándose objetores. "Los inmigrantes, como el resto, tienen derecho a enfermar, a prevenir la enfermedad y a recibir los tratamientos correspondientes. No atenderles viola mi ética y mis principios. Yo seguiré asistiendo como pueda a mis pacientes y a otros nuevos que acudan a mi consulta". En su ambulatorio, a pesar del revuelo mediático, los casos llegan a cuentagotas desde principios de septiembre. "Esta semana ha habido cuatro o cinco en todo el centro. Hay que tener en cuenta que, en general, hablamos de una población sana y joven, que va poco a al médico. No han esperado a septiembre para enfermar y acudir en masa", ironiza. Seguir atendiéndoles es una obligación para ella y para Carmen San José, también médico de familia. "Es por humanidad, por ética, pero sobre todo es porque sería un crimen no hacerlo. Están poniendo en peligro la vida de miles de personas y una buena parte de los profesionales no queremos participar en eso".

Han pasado 20 días desde que el decreto entró en vigor, pero los médicos con los que hablamos coinciden en que, administrativamente, sigue habiendo confusión. "Falta mucha información", dice Carmen López, médico de familia. Hasta ahora, la mayoría de los centros de salud madrileños están permitiendo a los inmigrantes asistir a las consultas "de urgencia", como recogen las instrucciones de la Consejería de Sanidad de Madrid. No pueden pedir una cita porque, para ello, necesitan proporcionar el número de la tarjeta sanitaria, que ya no tienen. Por tanto, es la persona que les atiende en ventanilla quien tendría que valorar su estado, aunque habitualmente los mandan a la sala de espera, donde aguardan a que el médico termine con los pacientes que sí han sido citados ese día, y compruebe su gravedad.

La siguiente traba llega al final de la consulta. No reciben recetas, a pesar de que no puedan costearse el tratamiento. "Todo depende del tipo de medicamento del que estemos hablando, pero hay que tener en cuenta que son personas que suelen estar en una situación muy complicada, porque no tienen recursos para pagarlos, más aún si hablamos enfermedades crónicas, cuyos precios son inaccesibles", asegura López.

 Los médicos objetores coinciden en que el coste debe seguir asumiéndolo el sistema público de salud. "Es el único que da todas las garantías. Hay organizaciones no gubernamentales que se han ocupado de proporcionar los medicamentos más habituales a personas inmigrantes, pero eso no puede pasar con los tratamientos más completos, como los de pacientes con VIH, con cáncer o una enfermedad renal. No solamente por el coste en sí que supone, sino porque requiere de un seguimiento con pruebas analíticas y complementarias muy estricto", asegura Ricardo Arjona.  

Arjona es psiquiatra y pertenece a la organización Médicos del Mundo. Ha trabajado en el lanzamiento y difusión de la campaña Derecho a curar, que ha puesto en marcha esta ONG junto a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, para apoyar la objeción de conciencia del personal sanitario. Cuenta ya con más de dos mil adhesiones de profesionales. Arjona ha trabajado en países en desarrollo en situaciones de emergencia sanitaria y en lugares donde no estaba garantizado el acceso a ese derecho, por eso no tolera que en su país pueda darse la exclusión. "Me he desplazado a más de 4000 o 5000 kilómetros para atender a gente que lo necesitaba; sería una incoherencia no prestar la misma atención a quienes viven en mi misma ciudad o mi propio barrio. No concibo que haya personas que, por no tener documentación en España, no tengan derecho a una cosa tan básica como es la salud. La salud no es un privilegio", afirma.

La tarjeta sanitaria se le ha retirado a unos 153.000 inmigrantes irregulares, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En muchos casos, son personas que han perdido su trabajo, lo que les impide renovar su documentación. Sufren la llamada "irregularidad sobrevenida". "Mucha gente cree que esto afecta a los que venden el DVD, pero esto va a afectar a miles de ciudadanos que llevan una vida normal en España desde hace años. Están criminalizándolos y fomentando el racismo y la exclusión social", recuerda Mar Noguerol. Tanto ella como Carmen San José están seguras de que no se trata de una reforma puntual. "Este decreto es un cambio de modelo en el que han acabado con la sanidad universal. Y, si no lo echamos abajo, en este país habrá dejado de garantizarse definitivamente el derecho a la salud".

Fuente: elDiario.es



Infografía: El laberinto de la salud de los inmigrantes

Miles de inmigrantes sin papeles ni recursos son atendidos a diario por médicos altruistas. 85 euros por una infección de oído en el Centro de Salud del barrio de Malasaña

Engracia, una joven angoleña de 34 años, llegó a Madrid hace unos meses de la mano  de su hijo de siete años. Como no tiene papeles, no puede trabajar. Tampoco puede ir al médico si lo necesita porque no ha cotizado a la Seguridad Social. Por suerte, una amiga le recomendó que acudiera a una asociación de voluntarios que presta ayuda al pueblo africano (Karibu). "No te piden papeles. Te ayudan y ya está", cuenta emocionada desde la consulta médica de la ONG situada cerca de la madrileña calle de Santa Engracia.
Por primera vez su hijo va a poder visitar a un médico. No está enfermo, pero ella –"como cualquier madre", dice– quiere asegurarse que se encuentra en perfecto estado.En la sala de espera otras tres mujeres. "Lo sentimos, no hablamos español", nos dice una de ellas. Justo en ese momento una de las voluntarias de la asociación interrumpe para comunicarles que ya pueden recoger su medicación en la botica. Varias cajas de medicinas que recogen sin coste alguno. "Son medicamentos donados. Algunas farmacias también nos hacen llegar algunos fármacos", nos explica una de las mujeres de la asociación.

Sesenta voluntarios

Como Engracia, 4.000 inmigrantes africanos sin papeles y sin recursos económicos pasan cada año por las consultas de la ONG. Un equipo de 60 médicos voluntarios los atienden de lunes a viernes. "Es como un centro de salud, pero más rudimentario. Aquí nos abastecemos del material que en las consultas ya no sirve. Un peso viejo, una camilla estropeada, algún mueble rehabilitado...", explicó a 20 minutos Juan Manuel López Serrano, coordinador médico de Karibu y socio fundador.

Aunque tiene algunas especialidades (Ginecología, Dermatología y Psiquiatría), los problemas importantes los derivan a Urgencias. También tienen convenios con algunas clínicas que les hacen unos precios especiales por atenderlos o hacerles algunas pruebas. "Intentamos tirar poco de los convenios que tenemos que pagar porque casi no tenemos dinero", cuenta Juan Manuel.
El sábado pasado 910.000 inmigrantes en situación irregular (se calcula que 500.000 de ellos ya no residen en España) se quedaron sin tarjeta sanitaria. Con la nueva ley no es suficiente con estar empadronado, hace falta haber cotizado. A partir de ahora pagarán para ser atendidos y tendrán que costearse los medicamentos. Pero, ¿qué pasará si no pueden pagar? Karibu teme que en cuestión de un mes el número de inmigrantes que atienden se dispare. "Nosotros atendemos a personas sin papeles y sin recursos. Ahora puede que vengan ciudadanos documentados que han perdido la tarjeta de la Seguridad Social porque no han cotizado y no pueden pagar", cuentan.

85 euros por una infección de oído

La organización Médicos del Mundo denunció este miércoles el caso de una mujer rumana que el martes tuvo problemas para ser atendida en un centro de salud de Palma, donde le solicitaron que pagara por anticipado la prestación cuando acudía por una urgencia. La mujer fue al ambulatorio para que le curaran una infección de oído y le dijeron que tenía que abonar 85 euros. Finalmente fue atendida tras la intervención de la ONG que está realizando servicios de acompañamiento a inmigrantes.

Fuente: 20minutos

'Yo sí sanidad universal': una iniciativa por la desobediencia civil ante la ley sanitaria

Un grupo de ciudadanos y profesionales de la salud, que lleva por bandera “Yo sí, sanidad universal”, ha invitado a todos los ciudadanos a “rebelarse” contra el nuevo decreto ley (16/2012) que recorta el derecho de los sin papeles a acceder a la sanidad a la excepción de los servicios básicos de urgencia, maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.

"Pretendemos llamar a la desobediencia civil en positivo", afirma Marta Malo, una de las impulsoras de esta plataforma. Según este colectivo, las nuevas medidas sanitarias “excluyen a muchas personas que necesitan atención médica continuada, sus medicamentos y de ciertas prestaciones para poder vivir. El Gobierno solo conseguirá fomentar las desigualdades sociales” subraya con rotundidad.

Los integrantes de “Yo sí, sanidad universal” durante la rueda de prensa han querido dejar claro que “no pertenecen a ningún partido político”, y que lo único que pretenden con esta iniciativa es concienciar a los ciudadanos a que se sumen a “sus reivindicaciones” y que así vuelva el modelo de sanidad anterior. Además, ofrecen una serie de alterativas a la nueva ley como por ejemplo: que los pacientes que continúan asegurados acompañen al inmigrante al médico y que el sanitario ponga el medicamento a nombre del primero para que el sin papeles pueda ser atendido.

"Tenemos que luchar para volver a garantizar el acceso a la sanidad a toda la población,  independientemente de su condición social", ha subrayado Marta Pérez, otra de las fundadoras de esta plataforma.

Para Malo, “el Gobierno está utilizando la sanidad para hacer política de extranjería, un juego extremadamente peligroso”. Como sanitaria apoya a todos sus colegas a que firmen la objeción de conciencia y “que no tengan miedo a atender sobre todo a los inmigrantes ilegales”.

Además, "Yo sí, sanidad universal" trabaja muy de cerca con los denominados grupos de acompañamiento. Estos se encargan de ayudar a los inmigrantes que se han quedado sin tarjeta sanitaria, darles asesoramiento legal y compañía.
Cristina Castañeda, una joven malagueña de 27 años, letrada en paro, colabora en uno de estos grupos. "Bueno pretendo echar una mano. Siendo abogada me hago eco de los últimos cambios y asesoro en lo que puedo a los inmigrantes". Uno de los sin papeles a los que ayuda Castañeda es Mohamed. "Tras idas y venidas en temas burocráticos hemos conseguido que le operen de su hernia en la espalda". "Hemos tenido suerte", afirma sentada en una mesa junto a su casco de bicicleta con la que se mueve por Madrid. "Lo suyo es lucharlo y hasta el final" dice mientras se despide.

Fuente: El País

Madrid reclama al Ministerio que ponga en marcha las pólizas para sin papeles

Los "convenios especiales" que el Ministerio de Sanidad quería ofrecer a los inmigrantes en situación irregular, y por tanto sin derecho a la asistencia sanitaria ordinaria, para poder ser atendidos en la red pública en igualdad de condiciones con los residentes legales aún no existen. Se trata de una especie de pólizas (710 euros al año para los menores de 65 años), similares a las de los seguros privados, que se regularán en una orden cuyo borrador llegó a las comunidades autónomas a principios de agosto. Nada más se ha sabido de estos convenios, que el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, considera "una buena opción". De hecho, al ser preguntado por ellos esta mañana, ha asegurado haber pedido al Ministerio que los ponga en marcha "cuanto antes".

El borrador de orden establecía que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). "Es una opción que es bueno que exista y me consta que el Ministerio está trabajando con toda la celeridad posible", ha afirmado Lasquetty tras una rueda de prensa de balance de la actividad de trasplantes en la región. "Requiere un cierto tiempo de tramitación y confío en que pronto podamos verla publicada en el BOE y ofrecerle esa opción a las personas que puedan cogerse a ella", ha añadido el consejero.


Lasquetty no ha ofrecido datos sobre cuántas tarjetas sanitarias han sido desactivadas en la región tras la entrada en vigor del real decreto 16/2012, que excluye de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular (salvo urgencias, menores y embarazadas). Según ha explicado, aunque los tuviera, ha afirmado que no se trataría de una cifra muy fiable. "Esa tarjeta estaba vinculada al empadronamiento. Los inmigrantes deben renovar el censo a los dos años, por lo que la Administración sólo se entera de que una persona que tuvo tarjeta sólo dos años después", ha asegurado.
"Eso era indicativo en un contexto de aumento de inmigración, como el que hubo desde 1998 hasta el 2007. Pero en los últimos dos años me consta que hay muchas personas que han abandonado España porque no hay trabajo ni oportunidades", así que muchas de las tarjetas que se den de baja corresponderán a personas que ya no viven en Madrid, ha añadido. En otros casos, según Lasquetty, se puede haber tratado de personas que vinieron con el único propósito de recibir atención sanitaria o quirúrgica y que, tras recibirla, volvieron a sus países. El consejero ha señalado que las historias clínicas de todas las personas permanecen en el sistema aunque carezcan de tarjeta sanitaria. "Cuando vuelvan a tener contacto" con la red pública, "se vuelve a tener acceso" a sus datos, ha añadido.

Lasquetty ha respondido también a las informaciones que apuntan a que las mamografías podrían desaparecer de la cartera básica de servicios sanitarios. Ha asegurado que en ninguna reunión se ha hablado de ese tema. "Lo que hay en marcha es una revisión de la cartera de servicios, que formó parte del programa de investidura del presidente del Gobierno y que la ministra de Sanidad está trabajando en ello. Creemos que es necesario y lo que ha hecho el Ministerio es, después de escuchar la opinión de todas las comunidades, abrir grupos de expertos, que son los que van a formular análisis para que en el seno del Consejo Interterritorial se tomen las decisiones que procedan", ha afirmado. Madrid también ha señalado a un grupo de expertos "especializados y de prestigio", ha añadido, y ha asegurado que dado que el Ministerio pidió la lista en agosto no cree que hayan empezado a reunirse aún.

Fuente:  El País

Médicos, enfermeros y administrativos que rechazan la exclusión de los sin papeles de la red sanitaria pública explican cómo tratarán de sortear el decreto

Desde el pasado sábado, 1 de septiembre, unos 150.000 inmigrantes irregulares se quedan sin tarjeta sanitaria. Las embarazadas y los menores tienen garantizada la asistencia, pero el resto solo podrán acudir a urgencias. ¿Qué ocurrirá con los pacientes crónicos, los que padecen VIH, los que necesitan hemodiálisis, los que sufren patologías psiquiátricas? A apenas cinco días de la entrada en vigor del real decreto que excluye a parte de la población del sistema ordinario de salud, las preguntas aún son muchas.
Más de 1.500 médicos se han declarado objetores: afirman que seguirán tratando a los sin papeles. ¿Podrán hacerlo? ¿Cómo? Hay comunidades, como la valenciana, que han prohibido expresamente a los objetores atender a los irregulares en horas de trabajo; otras, como Madrid, sostienen que todo el mundo será atendido y luego se pasará la factura al enfermo o a su país de origen (algo poco factible porque los convenios con otros países, de existir, no suelen cubrir a los irregulares).
Además de los médicos, la red pública la integran otros profesionales: administrativos, enfermeros, técnicos de laboratorio... Reconstruimos con ellos cómo se podría sortear la prohibición.

El mostrador

Rosa Rivero trabaja en la sanidad pública desde 1989. Es auxiliar administrativa en el centro de salud Gandhi, en San Blas, un distrito periférico de Madrid. Sabe que muchos de los pacientes a los que pide la tarjeta sanitaria para darles cita o gestionar una prueba diagnóstica no tendrán nada que entregarle a partir de septiembre. Pero no piensa dejar de atenderles. “Ya no les podré dar cita, pero claro que les mandaré al médico”, dice. “Si viene una persona al mostrador y dice que necesita un médico, yo no soy quién para preguntarle qué le pasa y tomar una decisión. Le diré que el médico de guardia está en tal sala y que hable con él”. Supongamos que el facultativo atiende al inmigrante y que este necesita ser derivado a un especialista. “No estará en la base de datos, así que no se podrá hacer la derivación”, lamenta. “Me temo que nos van a convertir en taquilleras, que esperan que tratemos a la gente como si fueran al cine y no como personas que necesitan atención sanitaria”.
"Ninguno de mis compañeros va a tener el valor de decirle a alguien que venga mal que no se le atiende”, confía la administrativa de un centro de salud madrileño que prefiere no dar su nombre. En su trabajo han tenido reuniones internas para ver cómo gestionar la situación. “Los administrativos no somos competentes para valorar un caso: remitiremos al paciente al médico de urgencia del centro para que sea él quien tenga la última palabra”, explica. En la próxima reunión concretarán qué médicos del centro van a colaborar con este sistema. “Tengo 52 años y nunca se me ha dicho en una consulta que no me van a atender, así que me parece fatal que alguien tenga que pasar por esa situación”, concluye.

Hacia la consulta

“En mi centro de salud hay mucha población extranjera: sudamericanos, últimamente muchos chinos…”, cuenta Carlos Prieto, celador del centro Gandhi. “Pienso seguir atendiéndoles normalmente, independientemente de si les corresponde legalmente la asistencia o no. No pienso preguntar. Si llega una persona con movilidad reducida, le preguntaré adónde se dirige y le llevaré, como hago siempre”.

El médico de familia

“Algo tiene que hacer la Consejería de Sanidad para evitar el caos descomunal que va a ser esto”, opina, conciliador, José Luis Quintana, médico de familia en el centro de salud El Greco, en Getafe (Madrid). “Confío en que arbitre una salida; si no la hay, habrá que inventarla”, añade. “Hay que atender a todo el mundo. No ya por una cuestión ética, que también, sino legal incluso. Hay un artículo en el Código Penal sobre la denegación de auxilio. Estos días estamos oyendo de todo, como que los objetores tenemos que atender fuera del horario laboral. Eso no puede ser. Si un señor dice que está enfermo yo tengo que verle. Y si necesita análisis o radiografías hablaré con los compañeros para poderlo tramitar... si puedo”. Lo primero que hará Mario Soler, de 55 años, médico de familia en Murcia, es poner un cartel en la puerta de su consulta; en él anunciará que es objetor y que atiende a inmigrantes sin papeles. Y avisará a las administrativas. Cuando se lo soliciten, apretará su horario para hacerles un hueco: “Les daré cita al final de mi horario de consulta para que el resto de pacientes no puedan decir que se retrasa su atención por su culpa”. De nueve de la mañana a dos de la tarde suele pasar consulta. Hasta las tres se dedica a hacer informes o reuniones. Será ese tiempo, de 14.00 a 15.00, el que dedique a atenderles. ¿Y qué hará con el trabajo al que dedicaba esa hora diaria? “Lo haré más deprisa o saldré un poco más tarde. No van a ser tantos; en ningún caso me va a desbordar ni a trastocar mi trabajo, estoy seguro”.


Hasta ahí, Mario solo depende de él y de su tiempo. El problema de las pruebas ha pensado solucionarlo con un resquicio del sistema: si se le permite atender urgencias, entonces su truco será tratarlos a todos como urgentes. “Que me argumenten que no es urgente una infección de orina. ¿Y si se complica y acaba en una pielonefritis?”, inquiere. Más complicado será derivarles a un especialista. Sospecha que no va a ser tan fácil como cuando se pedía un favor para un hermano o un amigo. “Si mi paciente necesita a un cardiólogo y yo no conozco a ninguno, ¿qué voy a hacer?”.
En todo caso, no tiene dudas sobre la cuestión de fondo: “Pocas cosas en mi vida profesional he tenido más claras que esta. Mi lealtad con el sistema nacional de salud es importante, pero tengo otra lealtad con mis pacientes y en este conflicto ético he optado por darles prioridad a ellos”, argumenta. Él cree que los médicos que no van a objetar se equivocan: “Para un médico es un delito denegar asistencia a un enfermo. Los que quieran cumplir la norma van a tener un gran conflicto”.
Sagrario Martín, médico de familia en un centro de atención primaria de Madrid, resume su postura: anteponer la ética a la norma. “La salud es un derecho humano, independientemente de la situación administrativa de la persona”, dice. Y añade que excluir de la asistencia a un colectivo “especialmente vulnerable” tiene riesgos de salud pública: enfermedades infecciosas que no se atajan, retraso en diagnósticos, saturación de urgencias… No tiene claro cómo hará efectiva su objeción. “Hay mucha confusión. Cada día surgen nuevas informaciones sobre cómo se aplicará la norma en cada autonomía. Va a ser difícil”, reconoce. “Hasta que sepamos cómo quedan esas barreras no podremos decidir qué hacer”.

La enfermera

Remedios Piqueras ya se ha puesto manos a la obra. Ha empezado a hacer llamadas a especialistas, a médicos de urgencias, a colegas en hospitales. El objetivo: averiguar quién está —también— en el barco. Promete que ya tiene a unos cuantos. El ejercicio de la objeción de conciencia en esta enfermera de 50 años, con 25 de profesión, va más allá de seguir poniendo puntos o hacer curas a los inmigrantes irregulares que llamen a la puerta: “Intentaremos crear una red para atender a todo el mundo. En lo que no dependa de mí también intentaré que haya una persona que les atienda”. Una red construida con el boca a boca, que tendrá que volver a los métodos tradicionales. “Si el sistema no me permite informáticamente derivarles al especialista, tendré que escribirlo a mano. Al fin y al cabo, llegará a quien ya sepa que le puede llegar”, propone. En su centro de salud, en Murcia, los objetores ya se han reunido para estudiar cómo organizarse. De momento hay muchas dudas; solo serán conscientes de lo que son capaces de hacer una vez lo pongan en marcha. “Va a ser difícil, pero confío en que al final seamos muchos”.

El hospital

“Cualquier acto médico requiere la tarjeta sanitaria. Hay que pasar la banda magnética físicamente, para todo”, señala Rafael Bornstein, hematólogo del hospital de la Cruz Roja de Madrid. Se declara objetor, pero admite que será “difícil llevarlo a la práctica”. Si se le pregunta qué hará él si, por ejemplo, un colega de primaria le pide que atienda a un sin papeles, no duda: “Le vería si me lleva 10 o 15 minutos de mi tiempo. Y no consultaría a la dirección. Otra cosa es utilizar recursos diagnósticos del hospital. Entonces pediría permiso y, como supongo que no me lo darían, no iría más allá”.
“Los irresponsables serán los que no objeten”, suelta la psiquiatra Eudoxia Gay, que trabaja en el centro de salud mental de Carranque, dependiente del hospital Virgen de la Victoria de Málaga. “Seguiré viendo a los pacientes las veces que sea necesario”, asegura. Ella confía en que sigan funcionando los “espacios informales de comunicación” con los médicos del centro de salud, de forma que los enfermos mentales sigan llegando a su puerta una vez detectados en primaria. “El enfermo mental es la antítesis del turista sanitario. Jamás demandará atención. En muchos casos ni siquiera tiene consciencia de la enfermedad. Con los enfermos mentales es imposible la alternativa de la ONG. No podemos hacer caridad ni beneficencia. No pueden ser atendidos en urgencias. Al enfermo mental hay que detectarlo, y eso pasa en primaria”, explica.
Gay cree que el “riesgo para la salud pública” es especialmente agudo en el caso de la psiquiatría. “Si no tratamos a los inmigrantes, se incrementará la bolsa de marginalidad enferma”, avisa. Sabe que será difícil objetar, sobre todo en el caso de los tratamientos farmacológicos, “que son caros”, y de recursos como pisos o centros de día. ¿Y si algún enfermo irregular necesita hospitalización? “Buscaré el ingreso a partir de la puerta de urgencias”.
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) admite que su campaña en favor de la objeción de conciencia es más una medida de presión que un plan organizado. Su presidente, Josep Basora, aún confía en que el Ministerio de Sanidad dé marcha atrás a una medida que considera injusta e ineficaz. Médicos del Mundo también promueve en su página web la firma para apoyar la objeción del personal sanitario y la retirada de la normativa a través de la campaña Derecho a curar. Y la web yosisanidaduniversal.net va un paso más allá en el activismo: permite descargar modelos de historias clínicas alternativas y formularios con los que derivar a alguien a un especialista o pedir una analítica a un paciente que no consta en ninguna base de datos. La iniciativa propugna la “desobediencia civil” de profesionales y usuarios contra el decreto del Gobierno, pero no quiere crear “un sistema paralelo”, dice una colaboradora.

Pruebas diagnósticas

Miguel García Berciano, de 39 años, trabaja en el laboratorio de un hospital madrileño, en el que analizan la sangre y otras muestras biológicas de los pacientes del hospital y de varios centros de salud. Los tubos con las muestras llegan con códigos de barras y ellos no saben a quién corresponden, por lo que no pueden discriminar si se trata de un inmigrante irregular o no. Es decir, si el médico sortea el sistema y logra colar las muestras, se analizarán de forma habitual. Pero Miguel estaría dispuesto a colaborar incluso al margen del sistema: “El médico tendría que acercarse directamente al laboratorio con la muestra en mano; si lo hace, aunque sea sin código de barras, intentaremos analizarla”. “Pero yo tengo muchos filtros por encima. Cuando llegue a mí ya habrá superado muchas barreras”, lamenta.
Lola Gimeno, de 57 años, es técnica de anatomía patológica y citología en un hospital de Madrid. Hace autopsias, biopsias y citologías. “Tengo poca capacidad de decisión; si el médico pide la prueba no tengo más que hacerla”, explica. ¿Y si le consta que es de un inmigrante irregular? “Yo lo haré, la salud es un derecho de todos, me da igual el país en el que hayan nacido”, contesta. Sí necesitaría, sin embargo, la firma del patólogo que pida la prueba. “Ahí tengo las manos pilladas”.

 Fuente: El País

Madrid cobrará a los ‘sin papeles’ las enfermedades infecciosas crónicas

“Asistencia sanitaria en situaciones especiales”. Así define la Consejería de Sanidad madrileña el estatus que pasan a tener a partir del 1 de septiembre las personas que no son ni “aseguradas” ni “beneficiarias” y que, por tanto, dejan de tener acceso al sistema de protección sanitaria pública. Se trata, en muchos casos, de inmigrantes sin permiso de residencia en España —unos 150.000 en todo el país— que solo podrán acudir a la red pública en estos casos: de urgencia, para asistencia al embarazo y parto, si son menores, si se les ha autorizado el asilo o si son víctimas de trata. Todas estas son excepciones —no se les cobrará por atenderles— a la regla general que dicta que un extranjero en situación irregular pierde el derecho a la asistencia sanitaria gratuita.
Sin embargo, aún hay una sexta excepción a la norma: el supuesto de “salud pública”. Se trata principalmente de enfermedades infecciosas y de declaración obligatoria (hepatitis, legionelosis, tuberculosis, VIH...), aunque también se incluyen las patologías de salud mental (trastorno bipolar, esquizofrenia...). A diferencia de las otras excepciones, los extranjeros tendrán que pagar por su asistencia sanitaria, según el documento Instrucciones sobre la asistencia sanitaria a prestar por el Servicio Madrileño de Salud a todas aquellas personas que no tengan la condición de asegurada o beneficiaria, que llegó este martes a las consultas de primaria.



El texto asegura que la asistencia sanitaria de personas con estas patologías “conllevará facturación al usuario” salvo que se haya suscrito un “convenio especial” o “cuando se estime que el proceso evolutivo de la patología vaya a ser inferior a un año”. El “convenio especial” es la especie de póliza que el Gobierno quiere hacer pagar a los extranjeros no asegurados —710 euros al año— que quieran ser atendidos en la red pública. El problema es que, a tres días de la entrada en vigor de la normativa, nada se sabe de estos seguros. El Ministerio de Sanidad confirmó este martes que no se han aprobado y que tienen que recibir el visto bueno del próximo Consejo Interterritorial. “No está pensado para inmigrantes irregulares, sino para personas que viven en España y no trabajan ni cotizan”, aseguró ayer un portavoz. La ministra, Ana Mato, mantiene el miércoles en Valladolid una “reunión informal” con los consejeros de Sanidad para tratar ese y otros asuntos.
Pese a tratarse de supuestos de “salud pública”, los inmigrantes a los que se diagnostiquen patologías como el VIH, hepatitis crónicas y la mayoría de trastornos mentales tendrán que pagar y el Servicio Madrileño de Salud les entregará “directamente” la medicación, asegura el documento. No está claro si deberán ir a un hospital a buscarla o se la darán en el centro de salud.
La Consejería de Sanidad asegura que pretende pasar factura, cuando pueda, a los países de origen de los inmigrantes, pero en un pie de página admite que solo hay suscritos convenios bilaterales con seis (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez). Además, estos convenios cubren a ciudadanos asegurados, no a inmigrantes irregulares. “Por lo que estamos viendo, se va a facturar, pero no se va a cobrar”, sugiere la presidenta de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc), María Fernández.
Las instrucciones aseguran también que “todos los procesos” cuyo tratamiento se haya iniciado antes del 31 de agosto se seguirán atendiendo gratis. “¿Qué ocurre si estoy tratando a un paciente con diabetes y luego se le diagnostica un cáncer? ¿Se le factura el cáncer? Yo tengo pacientes, no patologías”, argumenta Fernández. Hay más incongruencias en la norma de la Consejería: “Podremos pedir pruebas y hacer derivaciones, pero como estos pacientes no tienen condición de asegurados no podremos hacerles recetas. Tendrán que ir a la farmacia hospitalaria a recoger los fármacos, y eso dificulta la accesibilidad al tratamiento”, explica. El documento prevé incluir a los no asegurados en el sistema informático Cibeles, en tipos específicos (“transeúnte sin permiso residencia”, “embarazada sin permiso residencia”...) que permitirán consultar sus historias clínicas pese a carecer de tarjeta sanitaria.

“Estas instrucciones son un parche a lo que ha hecho el Ministerio y dejan más preguntas de las que resuelven. ¿Qué van a hacer el resto de comunidades? Debería ser igual para toda España”, asegura el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid critica especialmente el tratamiento de los casos de “salud pública”. “Se refiere a un grupo de enfermedades infectocontagiosas que han de ser previamente diagnosticadas. ¿Dónde? Parece ser que en las urgencias, puesto que este es el único circuito asistencial al que pueden acceder. A los problemas de saturación se sumará la presencia de personas con enfermedades infectocontagiosas en los servicios de urgencias”, argumenta en un comunicado.'

Fuente: El País

Campañas y acciones por la sanidad universal

Cuando las clases dominantes aprietan su puño sobre las clases trabajadoras es un buen momento para fomentar los populismos racistas y dirigir sus odios hacia las personas migrantes. En este sentido el Real Decreto Ley 16/2012 establece que las personas migrantes no contributivas deberán pagar una cuota para ser atendidos en la Seguridad Social, al igual que los españoles y españolas que no hayan cotizado.
En protesta, han surgido diversas iniciativas que apoyamos desde la Asamblea Popular de Moratalaz:

• La campaña “Yo SÍ, sanidad universal” promueve la desobediencia civil de los profesionales que atienden en los centros de salud. así como la de los usuarios y usuarias
• La campaña “Derecho a curar” de Médicos del Mundo,
• La Semana de Lucha Europeadel 1 al 6 de Octubre propuesta por RAAS.
• La Concentración del 1 de Septiembre en apoyo a la atención médica a las personas migrantes convocada por la plataforma “Tenemos derecho a la Salud sin condiciones” formada por Médicos del Mundo, Red Acoge, CEAR, Amnistía Internacional y Ferine. Será a las 12 de la mañana en el Hospital Gregorio Marañón. Si quieres ver el evento en facebook pincha aquí

Fuente: Asamblea Popular de Moratalaz en Madrid Toma Los  Barrios

Sanidad deja en el aire la terapia de sin papeles con enfermedades crónicas

La decisión de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre tiene a muchos en vilo. Entre quienes sufren la incertidumbre con más zozobra, a tres semanas de que acabe el plazo, están los sin papeles con enfermedades crónicas. Personas que necesitan diálisis varias veces por semana o una medicación contra el cáncer o el VIH que deben tomar diariamente o en ciclos, y que carecen de información sobre cómo continuar sus tratamientos a partir del día 1. Los facultativos, los centros de salud y las asociaciones tampoco tienen respuestas para ellos.

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) de Madrid recibió la semana pasada la consulta de un ciudadano guineano cuyo permiso de residencia caduca este mes y teme quedarse sin diálisis. Además, puede perder su sitio en la lista de espera para un trasplante. El portavoz de la asociación admite que, tras escucharle, no pudieron darle una solución. Simplemente, no saben qué va a pasar. En la misma duda vive Carmen Avellano, de 56 años. Esta chilena se somete a diálisis en su casa. “¿Tendré que devolver la máquina? Si no me hago la diálisis enfermaré aún más y me moriré”, declara. En la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) todavía no han tenido ningún caso, pero una portavoz no duda de que los habrá.

A ellos se suman casos de personas con VIH como el de Manuel (nombre supuesto), un inmigrante venezolano al que la comunidad de Madrid le retiró ya la tarjeta y se quedó sin medicación. Posteriormente se la prorrogó hasta el 31 de agosto, y ha podido volver a recibirla. “En el hospital me han dicho que es la última vez que me la dan”, relata.

Ante estos casos, el Ministerio de Sanidad mantiene un discurso monolítico. “Ningún paciente que lo necesite va a quedarse sin atención”, afirma una portavoz del departamento que dirige Ana Mato. Además, añade, “el criterio médico sobre las situaciones de urgencia es el que determina la atención. Es importante recordar que no corresponde al médico que atiende a un paciente verificar su situación legal, sino determinar la atención que debe recibir”.
El problema es que en urgencias no saben cómo abordar el asunto. “No ha habido ninguna instrucción sobre qué hacer”, dice el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo. “Las urgencias están para lo que están, y en esos casos solo podemos pasarle la patata caliente a otros servicios”, afirma. El único caso en que podrían intervenir, afirma Toranzo, sería el de “una persona que, por una insuficiencia renal, necesitara una diálisis de urgencia. Y eso si el hospital tiene ese servicio”. Para el resto, nada: ni una quimioterapia programada ni, mucho menos, una medicación de las que solo pueden conseguirse en un hospital. “Nosotros solo prescribimos lo que se va a tomar en el servicio”, añade.

En ambulatorios y otros servicios sanitarios tampoco saben qué va a ocurrir con los enfermos crónicos graves. Ni centros de salud ni hospitales han recibido ninguna información sobre cómo atender a los sin papeles a los que se les desactivará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre. “Hemos preguntado y ni siquiera nos han contestado”, afirma una médico de Atención Primaria. Tampoco en los hospitales han recibido información. “Ni un dato, ni una circular… nada”, explican fuentes de gestión de un gran hospital de Madrid. Tampoco los especialistas saben a qué carta quedarse. De ahí que el Grupo de Estudio de Sida (Gesida) haya alertado hace 15 días de que entre 2.700 y 4.600 personas pueden quedar sin tratamiento.

La situación es tan grave que hasta la consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios (PP), apostó ayer por plantear “excepciones” a los enfermos crónicos. Palacios citó expresamente a las personas con sida, cáncer e insuficiencia renal. “No se pueden dejar a mitad porque salga una normativa, habrá que continuar y habrá que acabar con ellos”, ha aseverado. Parece que tampoco ella tiene claro que eso, según Sanidad, es lo previsto.

Los afectados

VIH. El Grupo de Estudio de Sida calcula que hay entre 2.700 y 4.600 inmigrantes sin papeles con el virus.
Cáncer. No hay datos de cuántos de los 160.000 diagnósticos de cáncer que se efectúan en España al año corresponden a inmigrantes irregulares. Si su proporción fuera igual que en el total de la población, serían 510 al año. Pero probablemente sean menos, porque los inmigrantes son en general más jóvenes.
Diálisis. En España hay unas 47.000 personas que usan estos servicios. Si su necesidad fuera igual entre los 150.000 inmigrantes sin papeles que en el conjunto de la población, los afectados serían 150.

Fuente: El País

Sin papeles ni médico

En agosto no todos se van de vacaciones: muchas de las 150.000 personas en situación irregular que tienen tarjeta sanitaria están enfermas. A partir de septiembre, este colectivo perderá el derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Tendrán que abonar 710 euros al año –cifra superior a algunos seguros privados de salud- para ser atendidos en un centro de salud. Sin embargo, las personas sin papeles no pueden trabajar ni realizar actividad económica alguna con la que afrontar ese pago. Estos son algunos de sus testimonios:

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(sigue leyendo en El País

Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos

Los inmigrantes irregulares con más de 65 años abonarán el doble

Embarazadas, asilados, víctimas de trata y menores no pagarán

Los extranjeros podrán acceder al servicio si llevan un año empadronados

 

Después de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria pública —excepto la urgente—, el Ministerio de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una vía para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas (convenios los llaman) con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados.
La orden que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).

Según los cálculos realizados para esta propuesta por el Ministerio de Sanidad, los menores de 65 años pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima, por término medio, que gastará cada persona en esa franja de edad, y los mayores de 65, 466,3 euros menos, que serían asumidos por las Administraciones. La memoria económica que acompaña al borrador concluye que “este nuevo convenio no tendría impacto económico significativo”.


La orden es el desarrollo del real decreto publicado a finales de abril de este año, que delimitaba el acceso a la sanidad pública, y de un segundo decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, que recoge cambios como devolver a los mayores de 26 años que no han cotizado en la Seguridad Social la condición de asegurados y dejar fuera a quienes tengan rentas superiores a los 100.000 euros anuales.
La medida afectará a quienes no estén asegurados ni sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, como es el caso de los inmigrantes sin permiso de residencia, a partir de septiembre. Pero ni siquiera todos ellos podrán acceder a un convenio de este tipo, ya que tendrán que cumplir dos requisitos: llevar al menos un año empadronados en España y no ser beneficiarios un sistema de sanidad pública. No hay una cifra de posibles afectados. Al comparar los datos del padrón y las altas en la Seguridad Social, salen unos 150.000 extranjeros en situación irregular, pero parte de ellos (alrededor del 15%) son menores, y para ellos sí va a haber atención sanitaria pública.
Firmar estos convenios será voluntario, y estos no cubrirán el pago de las medicinas o el transporte sanitario, que correrían a cargo, por completo, de las personas que los suscriban.
No pagar una de las cuotas tendrá como castigo tres meses de suspensión del convenio —es decir, que durante ese tiempo se les negarán los servicios sanitarios no urgentes—. Si en ese tiempo se corrige el impago, el convenio seguirá en vigor pero, si no se salda la deuda, se extinguirá el derecho a la asistencia sanitaria.
A colectivos especiales, como las inmigrantes embarazadas —a las que la sanidad pública tiene que atender obligatoriamente durante su embarazo, parto y posparto— y los menores extranjeros, se les mantendrá el acceso en iguales condiciones que a los españoles (gratis), pero se les aplicará un copago farmacéutico del 40%. Las víctimas de trata que se encuentren en el proceso de reflexión establecido por ley y quienes hayan pedido asilo en España también podrán acceder a la sanidad pública.

Con este cambio, el Ministerio de Sanidad establece una doble vía entre quienes sean atendidos por la sanidad pública: quienes estén asegurados, que ya de por sí pagan más que antes por medidas como el copago farmacéutico y el futuro medicamentazo, y quienes no lo están, que podrán acceder a lo público pagando como se hace en el ámbito de la sanidad privada —aunque sin las oscilaciones de precio en función del sexo—. De hecho, el precio de los convenios se asemeja a las cuotas mensuales de aseguradoras como IMQ, que cobra por un paquete sanitario básico de 56,77 euros mensuales en adelante —119.09 euros al mes en el caso de, por ejemplo, una persona de 66 años—. Sanitas cobra cada mes a un hombre de 45 años 40 euros en el seguro más barato.

Los convenios especiales contarán con descuentos para aquellas personas que tengan familiares a su cargo —personas mayores y discapacitados—. A partir de la segunda persona que dependa de ellos, se descontará el 15% —cuando ya sean tres o cuatro suscriptores en la misma familia—. A partir de ahí, la rebaja será del 25%.

La orden, que está en el proceso de consulta previa entre los organismos afectados, es el paso siguiente a la delimitación del aseguramiento sanitario que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a través del real decreto de abril. Este impulsó grandes críticas de algunas comunidades, como Andalucía, País Vasco y Asturias, que ya se han opuesto a cerrar las puertas de sus centros de salud a los inmigrantes, pese a la orden del Ministerio de Sanidad de dejar de hacerlo a partir de septiembre.

Serán las comunidades las competentes para implantar el sistema de convenios, de comprobar la documentación y de expedirlos, pero el Gobierno limita sustancialmente su margen de maniobra, estableciendo que será el Ministerio de Sanidad el competente de actualizar cada año la cuantía de las cuotas y acotando a la cartera básica las prestaciones a las que podrán acceder quienes firmen los convenios. En manos de las autonomías solo está la manera de cobrar las cuotas.

Esta sorprendente orden llega justo cuando los extranjeros en situación irregular están a punto de perder la tarjeta sanitaria, que les será retirada a todos el 31 de este mes. Es una especie de concesión del ministerio, después de que todos los colectivos profesionales, médicos, enfermeros y farmacéuticos criticaran la decisión de dejarles sin atención. Sanidad insiste en que restringir el acceso ahorrará hasta 1.500 millones, pero profesionales como los especialistas en infecciosas afirman que, a medio plazo, los que queden fuera del sistema supondrán un gasto mayor.

Cómo queda la prestación

Trabajadores y pensionistas. Todo el que haya estado de alta en la Seguridad Social tendrá atención sanitaria pública.
Otros españoles. Quienes nunca hayan tenido tarjeta (personas sin recursos, rentistas o profesionales como arquitectos o abogados que tienen mutuas propias) serán atendidos si no ingresan más de 100.000 euros al año.
Comunitarios. Los ciudadanos de países de la UE tendrán atención sanitaria si sus países cubren la de los españoles en sus respectivos países. Si no, deberán contratar un seguro o pagarán la factura cuando vayan al médico.
Extranjeros no comunitarios. Si están en situación legal (con visado de trabajo o de estudios, por ejemplo) e inscritos en el registro de extranjería, podrán acceder al sistema sanitario como un ciudadano más.
Embarazadas y menores de edad. Tienen atención sanitaria gratis, igual que asilados políticos y víctimas de trata. O eso parece, porque el borrador, por un lado, parece que lo deja claro, pero luego establece una cuota para las personas de cero a 64 años, con lo que parece que los menores tendrán que pagar. El resto de los sin papeles solo podrá ir a urgencias, salvo que firme un convenio.

Fuente: El País 

El Tribunal Constitucional paraliza el decreto Vasco de insumisión

(Precedentes; el País Vasco publicó un decreto por el que legislaba que no pensaba aplicar el copago de medicamentos que entraba en vigor el 1 de julio ni quitar la cobertura sanitaria no urgente el 1 de Septiembre a ciertos colectivos que el Real Decreto de Reforma Sanitaria del Gobierno había impuesto; lo que de facto significaba que esta Comunidad Autónoma estaba efectivamente "objetando" o siendo "insumisa" a la medida nacional; el Gobierno del Estado presentó un recurso de inconstitucionalidad al Decreto Vasco inmediatamente)



El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno estatal contra el decreto vasco de insumisión a los recortes sanitarios que aspiraba a no aplicar el nuevo copago ni la exclusión de cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

La admisión a trámite implica de forma automática la paralización del decreto vasco durante un máximo de cinco meses, a la espera de que el propio TC decida si es necesaria la suspensión cautelar por más


Fuente: Diario Médico 27/07/2012