Marea Blanca este Domingo 17 a las 12 Plaza Castilla - Hospital Carlos III

La Marea Blanca inunda el Hospital Carlos III. Actúa contra el desmantelamiento del Carlos III. Recorrido: Desde Plaza de Castilla hasta las puertas del centro sanitario.

Gran Marcha blanca contra las privatizaciones y recortes en Sanidad pública desde diferentes centros hospitalarios hasta Cibeles y de ahí a Sol este domingo 18 por la mañana

Los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública madrileña, que mantienen encierros en 19 hospitales en protesta por los recortes, han convocado para este domingo 18 una manifestación que partirá desde distintos hospitales para confluir en Cibeles a las 13h y de allí ir conjuntamente hasta Sol.

Estas son las rutas desde los hospitales:

• NORTE. Desde el Hospital de la Paz a las 11 horas, bajando por la Av. De la Castellana hasta Cibeles, 13 h  (La Paz, Infanta Sofía, Carlos III, Clínico, Ramón y Cajal).
• ESTE. Desde el Hospital de Coslada a las 7,30 horas, a Manuel Becerra (11,30), calle de Alcalá, Cibeles (hospitales de Coslada, Alcalá Henares, Santa Cristina, Princesa, Marañón, Niño Jesús, Lavanderia Central de Mejorada).
• SURESTE. Desde el Hospital Infanta Leonor-Vallecas a las 9 horas, Avenida Ciudad de Barcelona, Atocha hasta Cibeles (hospitales Infanta Leonor, Virgen de la Torre, Arganda).
• SUR. Desde el hospital 12 de Octubre a las 11 horas, Paseo de Delicias, Atocha, Cibeles  (hospitales 12 octubre, Parla, Leganes, Getafe, Aranjuez.

Usuarios de prótesis externas y sillas de ruedas tendrán que abonar el 10% de su precio

Fuente: El Mundo

Los usuarios de prótesis externas tendrán que abonar una décima parte de su importe, según establece el Real Decreto 1506/2012, publicado este sábado en el BOE. Así, deberá abonarse el 10% de las prótesis de mama, de restauración facial (por ejemplo, pabellones auriculares o nariz), prótesis externas de mano y pie, y de los audífonos, todos subvencionados hasta ahora al 100% en algunas comunidades, como la madrileña.
Lo mismo sucederá con las sillas de ruedas manuales y las prendas de compresión que utilizan los quemados, o los cojines para pacientes con lesión medular. También se aplicará ese 10% en la "renovación de componentes externos de los implantes quirúrgicos".

Las sillas de ruedas eléctricas, en los casos graves

En el caso de las sillas de ruedas con motor eléctrico, Sanidad sólo las sufragará al 90% en casos de "limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente". Es uno de los aspectos que contempla el Real Decreto, que reúne en un anexo la relación de productos "de aportación reducida".
Este subgrupo está incluido en la "cartera común suplementaria" que acaba de unificar el Ministerio de Sanidad, y que también engloba las prótesis dispensadas "ambulatoriamente". La norma establece que estas últimas (muletas, sillas de ruedas...) "se rijan por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica", es decir, el copago, con la salvedad de que, en el caso de las prótesis, no se aplicará el límite máximo de cuantía de esa aportación. Es decir, no habrá un tope de entre 10 y 60 euros como en el caso de los medicamentos dispensados a pensionistas.
De este modo, las rentas declaradas a Hacienda que superen los 100.000 euros deberán aportar el 60% del importe, las rentas de entre 18.000 y 100.000 euros, el 50%, y los pensionistas, el 10%.

Exentos de pago

En todos los casos, estarán exentos de pago los afectados de síndrome tóxico, las personas con discapacidad que sean beneficiarias de prestaciones sociales y económicas, las receptoras de rentas de integración social, las perceptoras de pensiones no contributivas y los parados que hayan perdido el derecho a subsidio.
En el caso de las personas que requieran tratamientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, será la mutua de accidentes, la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina quien corran con los gastos.
Los implantes quirúrgicos "cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien modificar, corregir o facilitar su función", tales como las prótesis de cadera, seguirán estando sufragados al 100%.

APOYO CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA PRINCESA

Fuente:  Asamblea de Chamberí 15M. Grupo de Salud

El hospital de la Princesa se va a desmantelar para transformarlo en un hospital geriátrico. Todas las especialidades, algunas de ellas pioneras y de referencia nacional, se van a trasladar al Hospital Gregorio Marañón y al Hospital Clínico.

El 15 de noviembre dejarán de funcionar las urgencias y con fecha 1 de enero dejará de prestar servicio como hospital general. Que va a pasar con los pacientes del hospital, que va a pasar con los trabajadores?.

Los trabajadores del hospital han iniciado un encierro permanente, desde día 1 hasta el martes 6 de noviembre, en el que esperan una respuesta de la Consejeria de Salud de la Comunidad de Madrid. Durante la semana del 5 al 9 de noviembre habrá concentraciones diarias en la puerta del hospital a las 11 h. y a las 18 h.

Esta es una de las acciones previstas para la privatización y desmantelamiento de la sanidad publica de Madrid a la que seguirán, la conversión del Hospital Carlos III en un centro de media y larga estancia y la privatización total de los 6 hospitales de gestión mixta (público-privada), entre otras medidas.

APOYEMOS AL HOSPITAL DE LA PRINCESA, PAREMOS LA PRIVATIZACION DE LOS HOSPITALES Y DE LA SANIDAD PUBLICA

Campaña de firmas contra la reconversión del H. de la Princesa en hospital geriátrico y su cierre como hospital asistencial y de urgencias

Madrid privatiza aún más la sanidad, Ignacio González impone el euro por receta, impulsa la conversión en sociedades privadas de centros de salud y ofrece a empresas la gestión de grandes hospitales

Fuente: El País


 La Comunidad de Madrid, bastión ideológico y de votos del Partido Popular, dio ayer un paso de gigante en su apuesta por un modelo privatizado de Sanidad. La intención del nuevo presidente regional, Ignacio González, es que seis de los hospitales abiertos en 2008 sean totalmente gestionados por empresas privadas. Además se abre la puerta a externalizar la gestión del 10% de los más de 400 centros de salud de la región. González puso como ejemplo el sistema catalán de ambulatorios gestionados por cooperativas de médicos, modelo que, dijo, "está dando muy buenos resultados”.

De nuevo en la estela de la Generalitat catalana, gobernada por CiU, la Comunidad de Madrid implanta el euro por receta. También en Madrid los jubilados tendrán que pagarlo. González asegura que la medida no responde a "un afán recaudatorio sino que tiene más bien un carácter disuasorio”. Los madrileños, afirmó, acumulan “45 millones de medicamentos en sus casas”. Según los cálculos de la Comunidad, con la medida “solo” se recaudarían 83 millones. El Gobierno regional establecerá un máximo de 72 euros al año y dejará fuera los medicamentos que valgan menos de 1,67 euros. Los únicos colectivos exentos serán los afectados por enfermedades específicas, como síndrome tóxico, los que perciben la renta de inserción social, los parados sin prestación, las personas que cobran pensiones no contributivas y los pacientes en tratamiento por accidente de trabajo.

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El anunció del Gobierno madrileño de que la gestión de que seis centros hospitalarios de reciente construcción quedará a cargo de compañías privadas es la confirmación del modelo que Aguirre inició en 2003. “Vamos a externalizar la actividad sanitaria en seis hospitales manteniendo el mismo nivel de calidad”, afirmó ayer González, que insistió en que “nadie va a tener que pagar por las prestaciones del Servicio Madrileño de Sanidad”. Los seis centros en cuestión son los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo. Se trata de centros sanitarios que ya eran de gestión semiprivada y a los que en 2010 hubo que aumentar el canon anual que les paga la Administración en dos millones de euros.

Como ejemplo a seguir, González citó los hospitales de Valdemoro, Móstoles (la concesionaria de los dos es Capio) y Torrejón (Ribera Salud). El modelo Valdemoro, como la Comunidad denominó al nuevo sistema, es heredero del conocido como modelo Alzira (Valencia). Valdemoro, que abrió sus puertas en 2007, supuso la importación a Madrid de lo que el municipio valenciano hizo en 1999 al abrir el primer centro público de atención sanitaria especializada gestionado por una empresa bajo concesión administrativa. La misma fórmula que se usa para las autopistas de peaje.

El presupuesto que Madrid destinará a sanidad en 2013 será de 7.108 millones, lo que representa el 45% del gasto total (17.048, un 7,7% menos que en 2012), y significa un descenso del 4,9% en la cantidad destinada a la cartera sanitaria, que Javier Fernández-Lasquetty dirige desde marzo de 2010. Anteriormente fue durante varios años Secretario General de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES). “Es una obviedad más del componente ideológico que el Partido Popular está aplicando con la excusa de la crisis”, denunció el diputado autonómico socialista Antonio Carmona.

Además de esta nueva privatización de seis de los 33 hospitales de la Comunidad, habrá otra que afectará a toda la red de la región. Los “servicios no sanitarios” -como cocinas, lavanderías, almacenes o mantenimiento- seguirán el mismo camino. González también habló de la centralización de los laboratorios de análisis rutinarios, “para aprovechar las economías de escala”. Dentro del gasto farmacéutico, la Comunidad seguirá adelante con la central de compras de productos sanitarios que ya planteaba en la modificación de los presupuestos del pasado julio. En este sentido, González destacó que, desde que se aplican las nuevas medidas de ahorro desde el pasado verano, “el uso racional de los medicamentos ha ido reduciendo el gasto un 26% mensual”.

La póliza de Mato no cubrirá los medicamentos de los sin papeles.La cuota de 710 euros se ciñe a la cartera básica

Fuente: El País 28/09/2012

La vía abierta ideada por el Ministerio de Sanidad para permitir que los inmigrantes en situación irregular, previo pago de una póliza, puedan acceder de nuevo a la red pública sin que se les facture la atención consiste en una cobertura de segunda categoría. La oferta se limita a la cartera básica de servicios, lo que deja fuera el transporte sanitario o las prótesis externas (sillas de ruedas, corsés). Pero también cualquier tipo de ayuda en la compra de medicamentos: quienes se acojan a esta opción deberán pagar el 100% de su coste.

Esta puerta de atrás es la fórmula que el Gobierno pretende ofrecer para que puedan volver a ser atendidos todos aquellos inmigrantes sin papeles que, desde este mes, han perdido el derecho a contar con su tarjeta sanitaria debido a la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de abril. Uno de los aspectos más relevantes de esta medida es la restricción al acceso de la sanidad a los extranjeros sin permiso de residencia (excepto las urgencias, el parto y la atención pediátrica). El nombre de esta repesca a la baja es Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan condición de aseguradas ni beneficiarias del sistema nacional de salud, y está previsto que su último borrador, al que ha accedido este diario, se apruebe en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reunirá el próximo miércoles 3 de octubre.

El mecanismo descrito en este documento es similar al de un seguro sanitario privado. Mediante el pago de una póliza de 710 euros anuales para las personas hasta 64 años (59,2 mensuales) y 1.864,8 euros a partir de los 65 años (155,4 al mes) se reconoce el acceso a “las prestaciones de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud”. El Ministerio define este paquete básico de la atención sanitaria como todas aquellas actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que tienen lugar en los centros sanitarios y sociosanitarios; además del transporte sanitario urgente.
Ello supone que, a pesar de abonar las cuotas mensuales, las personas que se acojan a esta posibilidad deberán pagar el coste íntegro de los servicios incluidos en la cartera suplementaria y de los servicios accesorios sanitarios. A la primera categoría pertenecen las prestaciones farmacéuticas extrahospitalarias, así como las prótesis externas, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente. En todos estos casos, Sanidad ha revisado el copago (como es el caso de los medicamentos) o tiene pendiente hacerlo. Nada de ello afectará a los inmigrantes que suscriban el convenio ya que no se les concederá ningún tipo de subvención. Ni siquiera la menor, que comporta asumir el 60% del precio. Lo mismo sucederá con los servicios accesorios: rehabilitación, psicoterapia y todos aquellos que se prestan para mejorar una enfemedad crónica

Para acogerse al convenio se requerirá al usuario no tener la condición de asegurado ni beneficiario del Sistema Nacional de Salud, así como estar inscrito en el padrón de algún municipio español un año antes de la fecha de solicitud.

Esta solución restrictiva formulada por el Ministerio de Sanidad llega mientras la mayor parte de las autonomías gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla y León) están facturando o se disponen a facturar cada acto sanitario que presten a los inmigrantes en situación irregular. La póliza sería la única forma de evitar recibir una reclamación de cobro por cada acto sanitario en la red pública. Sin embargo, no parece una medida a la altura de la capacidad adquisitiva de la población a la que se dirige. La mayoría de los inmigrantes sin papeles apenas cuentan con ingresos (si tuvieran un contrato podrían acceder a un permiso de residencia, regularizarse y acceder a la tarjeta sanitaria). Por ello, a Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, le parece “una barbaridad” solicitar estos más de 700 euros anuales (como mínimo).

Basora recuerda que la primera intención de Sanidad fue contar con ellos y las organizaciones no gubernamentales para encargarles la asistencia sanitaria a la población excluida por las medidas del Gobierno. Aquella especie de Cáritas sanitaria, a la que se negaron tanto médicos como ONG, ha acabado siendo un modelo de sanidad descafeínada. Y eso para los que puedan pagar

"No atenderles viola mi ética y mis principios"

Mar Noguerol es médico de familia de un centro de salud madrileño en una zona en la que la población extranjera ronda el 15%. Es uno más de los profesionales que han manifestado su rechazo a la exclusión de las personas sin papeles del sistema sanitario, declarándose objetores. "Los inmigrantes, como el resto, tienen derecho a enfermar, a prevenir la enfermedad y a recibir los tratamientos correspondientes. No atenderles viola mi ética y mis principios. Yo seguiré asistiendo como pueda a mis pacientes y a otros nuevos que acudan a mi consulta". En su ambulatorio, a pesar del revuelo mediático, los casos llegan a cuentagotas desde principios de septiembre. "Esta semana ha habido cuatro o cinco en todo el centro. Hay que tener en cuenta que, en general, hablamos de una población sana y joven, que va poco a al médico. No han esperado a septiembre para enfermar y acudir en masa", ironiza. Seguir atendiéndoles es una obligación para ella y para Carmen San José, también médico de familia. "Es por humanidad, por ética, pero sobre todo es porque sería un crimen no hacerlo. Están poniendo en peligro la vida de miles de personas y una buena parte de los profesionales no queremos participar en eso".

Han pasado 20 días desde que el decreto entró en vigor, pero los médicos con los que hablamos coinciden en que, administrativamente, sigue habiendo confusión. "Falta mucha información", dice Carmen López, médico de familia. Hasta ahora, la mayoría de los centros de salud madrileños están permitiendo a los inmigrantes asistir a las consultas "de urgencia", como recogen las instrucciones de la Consejería de Sanidad de Madrid. No pueden pedir una cita porque, para ello, necesitan proporcionar el número de la tarjeta sanitaria, que ya no tienen. Por tanto, es la persona que les atiende en ventanilla quien tendría que valorar su estado, aunque habitualmente los mandan a la sala de espera, donde aguardan a que el médico termine con los pacientes que sí han sido citados ese día, y compruebe su gravedad.

La siguiente traba llega al final de la consulta. No reciben recetas, a pesar de que no puedan costearse el tratamiento. "Todo depende del tipo de medicamento del que estemos hablando, pero hay que tener en cuenta que son personas que suelen estar en una situación muy complicada, porque no tienen recursos para pagarlos, más aún si hablamos enfermedades crónicas, cuyos precios son inaccesibles", asegura López.

 Los médicos objetores coinciden en que el coste debe seguir asumiéndolo el sistema público de salud. "Es el único que da todas las garantías. Hay organizaciones no gubernamentales que se han ocupado de proporcionar los medicamentos más habituales a personas inmigrantes, pero eso no puede pasar con los tratamientos más completos, como los de pacientes con VIH, con cáncer o una enfermedad renal. No solamente por el coste en sí que supone, sino porque requiere de un seguimiento con pruebas analíticas y complementarias muy estricto", asegura Ricardo Arjona.  

Arjona es psiquiatra y pertenece a la organización Médicos del Mundo. Ha trabajado en el lanzamiento y difusión de la campaña Derecho a curar, que ha puesto en marcha esta ONG junto a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, para apoyar la objeción de conciencia del personal sanitario. Cuenta ya con más de dos mil adhesiones de profesionales. Arjona ha trabajado en países en desarrollo en situaciones de emergencia sanitaria y en lugares donde no estaba garantizado el acceso a ese derecho, por eso no tolera que en su país pueda darse la exclusión. "Me he desplazado a más de 4000 o 5000 kilómetros para atender a gente que lo necesitaba; sería una incoherencia no prestar la misma atención a quienes viven en mi misma ciudad o mi propio barrio. No concibo que haya personas que, por no tener documentación en España, no tengan derecho a una cosa tan básica como es la salud. La salud no es un privilegio", afirma.

La tarjeta sanitaria se le ha retirado a unos 153.000 inmigrantes irregulares, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En muchos casos, son personas que han perdido su trabajo, lo que les impide renovar su documentación. Sufren la llamada "irregularidad sobrevenida". "Mucha gente cree que esto afecta a los que venden el DVD, pero esto va a afectar a miles de ciudadanos que llevan una vida normal en España desde hace años. Están criminalizándolos y fomentando el racismo y la exclusión social", recuerda Mar Noguerol. Tanto ella como Carmen San José están seguras de que no se trata de una reforma puntual. "Este decreto es un cambio de modelo en el que han acabado con la sanidad universal. Y, si no lo echamos abajo, en este país habrá dejado de garantizarse definitivamente el derecho a la salud".

Fuente: elDiario.es



Infografía: El laberinto de la salud de los inmigrantes

13 de septiembre: acampa por la sanidad pública

Qué: Acampada por la sanidad pública

Cuándo: jueves 13 de septiembre, de 11:00 a 23:00

Dónde: Hospital de La Paz

 

 Externalización de las comidas, cobro por la cama de acompañante, recortes en recursos,  degradación de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, y, lo más doloroso, pérdida del derecho a la asistencia sanitaria para algunos ciudadanos. La deriva de la sanidad pública, la responsable de la salud y el bienestar de todos, es cuando menos preocupante.

En consecuencia, profesionales y usuarios de la sanidad pública -entre los que se cuentan organizaciones de migrantes, asambleas del 15M y asociaciones de vecinos- acamparán frente al Hospital de La Paz el próximo día 13 para llamar la atención de la sociedad sobre una política sanitaria que nos considera desechables.

Este es el programa que nos proponen para el próximo 13 de septiembre:

11:00. Inicio Acampada: “¡Despierta!”

12:00. Colaboración con la lucha de las trabajadoras y trabajadores del hospital La Paz.

12:30. Asamblea. Coordinadora Hospitales y Centros de Salud.

14:00. Comida “externalizada”. “Cocinas privatizadas = pacientes con tarteras”.

17:00. Charla coloquio sobre objeción de conciencia y otras resistencias a los ataques al derecho a la asistencia sanitaria.

18:00. Colaboración con la lucha de las trabajadoras y trabajadores del hospital La Paz.

18:30. Asamblea. “Ni recortes ni privatizaciones, sanidad 100×100 pública”.

20:00. Contra los recortes y la privatización de la Sanidad.

21:30. Cena “externalizada” “Cocinas privatizadas = pacientes con tarteras”.

22:30. Clausura. Acto simbólico de rescate de la sanidad pública y condena de la privatización de la sanidad.

23:00. Fin de la acampada.

Esta iniciativa parte de la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios de Madrid, que la definió en su asamblea del 21 de agosto, y se plantea como continuación de los encierros que ya han tenido lugar en centros hospitalarios. Además, han elaborado una carta dirigida a los usuarios del Sistema Nacional de Salud, explicando las consecuencias del decreto 16/2012.

Si no puedes acudir, no te preocupes, hay otras formas de colaborar. Desde la web (www.derechoacurar.org) se puede suscribir una carta dirigida a la ministra de Sanidad manifestándole el rechazo ante la exclusión de las personas sin permiso de residencia del Sistema de Salud.

Además, desde la web de la Plataforma “Yo Sí Sanidad Universal” puedes encontrar información y animarte a actuar contra este nuevo sistema de asegurados y no asegurados, ya sea objetando como profesional sanitario o desobedeciendo como usuario, formando parte de los grupos de acompañamiento que se están creando para ayudar a personas a las que les ha sido retirada la tarjeta sanitaria, etc.

También la SEMFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria) está creando un registro de profesionales que objetan a la nueva ley y que piensan seguir atendiendo a sus pacientes, tengan o no tarjeta sanitaria.

Y por último, te adelantamos que desde la RAAS (Red Autogestionada Anti-privatización de la Sanidad) están organizando una semana de lucha a nivel europeo (del 1 al 6 de octubre) para defender nuestra sanidad de los múltiples ataques que está sufriendo.

Como ves, hay muchas maneras de actuar y lo importante es no quedarnos cruzados de brazos mientras la sanidad pública, la de todos, se degrada. Planta cara como paciente, como profesional. Y recuerda, ¡nos vemos el jueves 13 frente al Hospital de La Paz!

Fuente: Asamblea Popular de Chamberí