Los inmigrantes irregulares con más de 65 años abonarán el doble
Embarazadas, asilados, víctimas de trata y menores no pagarán
Los extranjeros podrán acceder al servicio si llevan un año empadronados
Después
de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de
la asistencia sanitaria pública —excepto la urgente—, el Ministerio
de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una
vía para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema
público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a
pólizas (convenios los llaman) con pagos que se asemejan a los de los
seguros sanitarios privados.
La orden que prepara
el Gobierno de Mariano Rajoy,
a la que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que las personas menores
de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud
públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los
65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales
(155,40 al mes).
Según los cálculos realizados para esta propuesta por
el Ministerio de Sanidad,
los menores de 65 años pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima,
por término medio, que gastará cada persona en esa franja de edad, y
los mayores de 65, 466,3 euros menos, que serían asumidos por las
Administraciones. La memoria económica que acompaña al borrador
concluye que “este nuevo convenio no tendría impacto económico
significativo”.
La orden es el desarrollo del real decreto publicado a finales de
abril de este año, que delimitaba el acceso a la sanidad pública, y
de un segundo decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado,
que recoge cambios como devolver a los mayores de 26 años que no han
cotizado en la Seguridad Social la condición de asegurados y dejar
fuera a quienes tengan rentas superiores a los 100.000 euros anuales.
La medida afectará a quienes no estén asegurados ni sean
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, como es el caso de los
inmigrantes sin permiso de residencia, a partir de septiembre. Pero ni
siquiera todos ellos podrán acceder a un convenio de este tipo, ya que
tendrán que cumplir dos requisitos: llevar al menos un año empadronados
en España y no ser beneficiarios un sistema de sanidad pública. No hay
una cifra de posibles afectados. Al comparar los datos del padrón y las
altas en la Seguridad Social, salen unos 150.000 extranjeros en
situación irregular, pero parte de ellos (alrededor del 15%) son
menores, y para ellos sí va a haber atención sanitaria pública.
Firmar estos convenios será voluntario, y estos no cubrirán el pago
de las medicinas o el transporte sanitario, que correrían a cargo, por
completo, de las personas que los suscriban.
No pagar una de las cuotas tendrá como castigo tres meses de
suspensión del convenio —es decir, que durante ese tiempo se les
negarán los servicios sanitarios no urgentes—. Si en ese tiempo se
corrige el impago, el convenio seguirá en vigor pero, si no se salda la
deuda, se extinguirá el derecho a la asistencia sanitaria.
A colectivos especiales, como las inmigrantes embarazadas —a las que
la sanidad pública tiene que atender obligatoriamente durante su
embarazo, parto y posparto— y los menores extranjeros, se les mantendrá
el acceso en iguales condiciones que a los españoles (gratis), pero se
les aplicará un
copago farmacéutico del 40%.
Las víctimas de trata que se encuentren en el proceso de reflexión
establecido por ley y quienes hayan pedido asilo en España también
podrán acceder a la sanidad pública.
Con este cambio, el Ministerio de Sanidad establece una doble vía
entre quienes sean atendidos por la sanidad pública: quienes estén
asegurados, que ya de por sí pagan más que antes por medidas como el
copago farmacéutico y el futuro medicamentazo, y quienes no lo están,
que podrán acceder a lo público pagando como se hace en el ámbito de la
sanidad privada —aunque sin las oscilaciones de precio en función del
sexo—. De hecho, el precio de los convenios se asemeja a las cuotas
mensuales de aseguradoras como
IMQ,
que cobra por un paquete sanitario básico de 56,77 euros mensuales en
adelante —119.09 euros al mes en el caso de, por ejemplo, una persona
de 66 años—.
Sanitas cobra cada mes a un hombre de 45 años 40 euros en el seguro más barato.
Los convenios especiales contarán con descuentos para aquellas
personas que tengan familiares a su cargo —personas mayores y
discapacitados—. A partir de la segunda persona que dependa de ellos,
se descontará el 15% —cuando ya sean tres o cuatro suscriptores en la
misma familia—. A partir de ahí, la rebaja será del 25%.
La orden, que está en el proceso de consulta previa entre los
organismos afectados, es el paso siguiente a la delimitación del
aseguramiento sanitario que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a
través del real decreto de abril. Este impulsó grandes críticas de
algunas comunidades, como Andalucía, País Vasco y Asturias, que ya se
han opuesto a cerrar las puertas de sus centros de salud a los
inmigrantes, pese a la orden del Ministerio de Sanidad de dejar de
hacerlo a partir de septiembre.
Serán las comunidades las competentes para implantar el sistema de
convenios, de comprobar la documentación y de expedirlos, pero el
Gobierno limita sustancialmente su margen de maniobra, estableciendo
que será el Ministerio de Sanidad el competente de actualizar cada año
la cuantía de las cuotas y acotando a la cartera básica las
prestaciones a las que podrán acceder quienes firmen los convenios. En
manos de las autonomías solo está la manera de cobrar las cuotas.
Esta sorprendente orden llega justo cuando los extranjeros en
situación irregular están a punto de perder la tarjeta sanitaria, que
les será retirada a todos el 31 de este mes. Es una especie de
concesión del ministerio, después de que todos los colectivos
profesionales, médicos, enfermeros y farmacéuticos criticaran la
decisión de dejarles sin atención. Sanidad insiste en que restringir el
acceso ahorrará hasta 1.500 millones, pero profesionales como los
especialistas en infecciosas afirman que, a medio plazo, los que queden
fuera del sistema supondrán un gasto mayor.
Cómo queda la prestación
Trabajadores y pensionistas. Todo el que haya estado de alta en la Seguridad Social tendrá atención sanitaria pública.
Otros españoles. Quienes nunca hayan tenido tarjeta
(personas sin recursos, rentistas o profesionales como arquitectos o
abogados que tienen mutuas propias) serán atendidos si no ingresan más
de 100.000 euros al año.
Comunitarios. Los ciudadanos de países de la UE
tendrán atención sanitaria si sus países cubren la de los españoles en
sus respectivos países. Si no, deberán contratar un seguro o pagarán la
factura cuando vayan al médico.
Extranjeros no comunitarios. Si están en situación
legal (con visado de trabajo o de estudios, por ejemplo) e inscritos en
el registro de extranjería, podrán acceder al sistema sanitario como un
ciudadano más.
Embarazadas y menores de edad. Tienen atención
sanitaria gratis, igual que asilados políticos y víctimas de trata. O
eso parece, porque el borrador, por un lado, parece que lo deja claro,
pero luego establece una cuota para las personas de cero a 64 años, con
lo que parece que los menores tendrán que pagar. El resto de los sin
papeles solo podrá ir a urgencias, salvo que firme un convenio.
Fuente:
El País
