Mar Noguerol es médico de familia de un centro de salud madrileño en una
zona en la que la población extranjera ronda el 15%. Es uno más de los
profesionales que han manifestado su rechazo a la exclusión de las
personas sin papeles del sistema sanitario, declarándose objetores. "Los
inmigrantes, como el resto, tienen derecho a enfermar, a prevenir la
enfermedad y a recibir los tratamientos correspondientes.
No atenderles viola mi ética y mis principios.
Yo seguiré asistiendo como pueda a mis pacientes y a otros nuevos que
acudan a mi consulta". En su ambulatorio, a pesar del revuelo mediático,
los casos llegan a cuentagotas desde principios de septiembre. "Esta
semana ha habido cuatro o cinco en todo el centro. Hay que tener en
cuenta que, en general, hablamos de una población sana y joven, que va
poco a al médico. No han esperado a septiembre para enfermar y acudir en
masa", ironiza. Seguir atendiéndoles es una obligación para ella y para
Carmen San José, también médico de familia. "Es por humanidad, por
ética, pero sobre todo es porque sería un crimen no hacerlo. Están
poniendo en peligro la vida de miles de personas y una buena parte de
los profesionales
no queremos participar en eso".
Han pasado 20 días desde que el decreto entró en vigor, pero los
médicos con los que hablamos coinciden en que, administrativamente,
sigue habiendo confusión. "Falta mucha información", dice Carmen López,
médico de familia. Hasta ahora, la mayoría de los centros de salud
madrileños están permitiendo a los inmigrantes asistir a las consultas
"de urgencia", como recogen las instrucciones de la Consejería de
Sanidad de Madrid.
No pueden pedir una cita
porque, para ello, necesitan proporcionar el número de la tarjeta
sanitaria, que ya no tienen. Por tanto, es la persona que les atiende en
ventanilla quien tendría que valorar su estado, aunque habitualmente
los mandan a la sala de espera, donde aguardan a que el médico termine
con los pacientes que sí han sido citados ese día, y compruebe su
gravedad.
La siguiente traba llega al
final de la consulta. No reciben recetas, a pesar de que no puedan
costearse el tratamiento. "Todo depende del tipo de medicamento del que
estemos hablando, pero hay que tener en cuenta que son personas que
suelen estar en una situación muy complicada, porque
no tienen recursos para pagarlos, más aún si hablamos enfermedades crónicas, cuyos precios son inaccesibles", asegura López.
Los médicos objetores coinciden en que el coste debe seguir asumiéndolo
el sistema público de salud. "Es el único que da todas las garantías.
Hay organizaciones no gubernamentales que se han ocupado de proporcionar
los medicamentos más habituales a personas inmigrantes, pero eso no
puede pasar con los tratamientos más completos, como los de pacientes
con VIH, con cáncer o una enfermedad renal. No solamente por el coste en
sí que supone, sino porque
requiere de un seguimiento con pruebas analíticas y complementarias muy estricto", asegura Ricardo Arjona.
Arjona es psiquiatra y pertenece a la organización Médicos del Mundo. Ha trabajado en el lanzamiento y difusión de la campaña
Derecho a curar,
que ha puesto en marcha esta ONG junto a la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria, para apoyar la objeción de conciencia
del personal sanitario. Cuenta ya con más de dos mil adhesiones de
profesionales. Arjona ha trabajado en países en desarrollo en
situaciones de emergencia sanitaria y en lugares donde no estaba
garantizado el acceso a ese derecho, por eso no tolera que en su país
pueda darse la exclusión. "Me he desplazado a más de 4000 o 5000
kilómetros para atender a gente que lo necesitaba;
sería una incoherencia no
prestar la misma atención a quienes viven en mi misma ciudad o mi
propio barrio. No concibo que haya personas que, por no tener
documentación en España, no tengan derecho a una cosa tan básica como es
la salud. La salud no es un privilegio", afirma.
La tarjeta sanitaria se le ha retirado a unos 153.000 inmigrantes
irregulares, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En
muchos casos, son personas que han perdido su trabajo, lo que les impide
renovar su documentación. Sufren la llamada "irregularidad
sobrevenida". "Mucha gente cree que esto afecta a los que venden el DVD,
pero esto va a afectar a miles de ciudadanos que llevan una vida normal
en España desde hace años.
Están criminalizándolos
y fomentando el racismo y la exclusión social", recuerda Mar Noguerol.
Tanto ella como Carmen San José están seguras de que no se trata de una
reforma puntual. "Este decreto es un cambio de modelo en el que han
acabado con la sanidad universal. Y, si no lo echamos abajo, en este
país habrá dejado de garantizarse definitivamente el derecho a la
salud".
Fuente:
elDiario.es
Infografía: El laberinto de la salud de los inmigrantes
