Los "convenios especiales" que el Ministerio de Sanidad quería ofrecer a los inmigrantes en situación irregular, y por tanto sin derecho a la asistencia sanitaria ordinaria, para poder ser atendidos en la red pública en igualdad de condiciones con los residentes legales aún no existen. Se trata de una especie de pólizas (710 euros al año para los menores de 65 años),
similares a las de los seguros privados, que se regularán en una orden
cuyo borrador llegó a las comunidades autónomas a principios de agosto.
Nada más se ha sabido de estos convenios, que el consejero de Sanidad
madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, considera "una buena opción". De
hecho, al ser preguntado por ellos esta mañana, ha asegurado haber
pedido al Ministerio que los ponga en marcha "cuanto antes".
El borrador de orden establecía que las personas menores de 65 años
que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos
deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años
en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al
mes). "Es una opción que es bueno que exista y me consta que el
Ministerio está trabajando con toda la celeridad posible", ha afirmado
Lasquetty tras una rueda de prensa de balance de la actividad de
trasplantes en la región. "Requiere un cierto tiempo de tramitación y
confío en que pronto podamos verla publicada en el BOE y ofrecerle esa
opción a las personas que puedan cogerse a ella", ha añadido el
consejero.
Lasquetty no ha ofrecido datos sobre cuántas tarjetas sanitarias han
sido desactivadas en la región tras la entrada en vigor del real decreto
16/2012, que excluye de la atención sanitaria a los inmigrantes en
situación irregular (salvo urgencias, menores y embarazadas). Según ha
explicado, aunque los tuviera, ha afirmado que no se trataría de una
cifra muy fiable. "Esa tarjeta estaba vinculada al empadronamiento. Los
inmigrantes deben renovar el censo a los dos años, por lo que la
Administración sólo se entera de que una persona que tuvo tarjeta sólo
dos años después", ha asegurado.
"Eso era indicativo en un contexto de aumento de inmigración, como el
que hubo desde 1998 hasta el 2007. Pero en los últimos dos años me
consta que hay muchas personas que han abandonado España porque no hay
trabajo ni oportunidades", así que muchas de las tarjetas que se den de
baja corresponderán a personas que ya no viven en Madrid, ha añadido. En
otros casos, según Lasquetty, se puede haber tratado de personas que
vinieron con el único propósito de recibir atención sanitaria o
quirúrgica y que, tras recibirla, volvieron a sus países. El consejero
ha señalado que las historias clínicas de todas las personas permanecen
en el sistema aunque carezcan de tarjeta sanitaria. "Cuando vuelvan a
tener contacto" con la red pública, "se vuelve a tener acceso" a sus
datos, ha añadido.
Lasquetty ha respondido también a las informaciones que apuntan a que las mamografías podrían desaparecer de la cartera básica
de servicios sanitarios. Ha asegurado que en ninguna reunión se ha
hablado de ese tema. "Lo que hay en marcha es una revisión de la cartera
de servicios, que formó parte del programa de investidura del
presidente del Gobierno y que la ministra de Sanidad está trabajando en
ello. Creemos que es necesario y lo que ha hecho el Ministerio es,
después de escuchar la opinión de todas las comunidades, abrir grupos de
expertos, que son los que van a formular análisis para que en el seno
del Consejo Interterritorial se tomen las decisiones que procedan", ha
afirmado. Madrid también ha señalado a un grupo de expertos
"especializados y de prestigio", ha añadido, y ha asegurado que dado que
el Ministerio pidió la lista en agosto no cree que hayan empezado a
reunirse aún.
Fuente: El País
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