Desde el pasado sábado, 1 de septiembre, unos 150.000 inmigrantes irregulares
se quedan sin tarjeta sanitaria. Las embarazadas y los menores tienen
garantizada la asistencia, pero el resto solo podrán acudir a urgencias.
¿Qué
ocurrirá con los pacientes crónicos, los que padecen VIH, los que
necesitan hemodiálisis, los que sufren patologías psiquiátricas? A
apenas cinco días de la entrada en vigor del real decreto que excluye a
parte de la población del sistema ordinario de salud, las preguntas aún
son muchas.
Más de 1.500 médicos se han declarado objetores: afirman que seguirán tratando a los
sin papeles. ¿Podrán hacerlo? ¿Cómo?
Hay comunidades, como la valenciana,
que han prohibido expresamente a los objetores atender a los
irregulares en horas de trabajo; otras, como Madrid, sostienen que todo
el mundo será atendido y luego se pasará la factura al enfermo o a su
país de origen (algo poco factible porque los convenios con otros
países, de existir, no suelen cubrir a los irregulares).
Además de los médicos, la red pública la integran otros
profesionales: administrativos, enfermeros, técnicos de laboratorio...
Reconstruimos con ellos cómo se podría sortear la prohibición.
El mostrador
Rosa Rivero trabaja en la sanidad pública desde 1989. Es auxiliar
administrativa en el centro de salud Gandhi, en San Blas, un distrito
periférico de Madrid. Sabe que muchos de los pacientes a los que pide la
tarjeta sanitaria para darles cita o gestionar una prueba diagnóstica
no tendrán nada que entregarle a partir de septiembre. Pero no piensa
dejar de atenderles. “Ya no les podré dar cita, pero claro que les
mandaré al médico”, dice. “Si viene una persona al mostrador y dice que
necesita un médico, yo no soy quién para preguntarle qué le pasa y tomar
una decisión. Le diré que el médico de guardia está en tal sala y que
hable con él”. Supongamos que el facultativo atiende al inmigrante y que
este necesita ser derivado a un especialista. “No estará en la base de
datos, así que no se podrá hacer la derivación”, lamenta. “Me temo que
nos van a convertir en taquilleras, que esperan que tratemos a la gente
como si fueran al cine y no como personas que necesitan atención
sanitaria”.
"Ninguno de mis compañeros va a tener el valor de decirle a alguien
que venga mal que no se le atiende”, confía la administrativa de un
centro de salud madrileño que prefiere no dar su nombre. En su trabajo
han tenido reuniones internas para ver cómo gestionar la situación. “Los
administrativos no somos competentes para valorar un caso: remitiremos
al paciente al médico de urgencia del centro para que sea él quien tenga
la última palabra”, explica. En la próxima reunión concretarán qué
médicos del centro van a colaborar con este sistema. “Tengo 52 años y
nunca se me ha dicho en una consulta que no me van a atender, así que me
parece fatal que alguien tenga que pasar por esa situación”, concluye.
Hacia la consulta
“En mi centro de salud hay mucha población extranjera: sudamericanos,
últimamente muchos chinos…”, cuenta Carlos Prieto, celador del centro
Gandhi. “Pienso seguir atendiéndoles normalmente, independientemente de
si les corresponde legalmente la asistencia o no. No pienso preguntar.
Si llega una persona con movilidad reducida, le preguntaré adónde se
dirige y le llevaré, como hago siempre”.
El médico de familia
“Algo tiene que hacer la
Consejería de Sanidad
para evitar el caos descomunal que va a ser esto”, opina, conciliador,
José Luis Quintana, médico de familia en el centro de salud El Greco, en
Getafe (Madrid). “Confío en que arbitre una salida; si no la hay, habrá
que inventarla”, añade. “Hay que atender a todo el mundo. No ya por una
cuestión ética, que también, sino legal incluso. Hay un artículo en el
Código Penal sobre la denegación de auxilio. Estos días estamos oyendo
de todo, como que los objetores tenemos que atender fuera del horario
laboral. Eso no puede ser. Si un señor dice que está enfermo yo tengo
que verle. Y si necesita análisis o radiografías hablaré con los
compañeros para poderlo tramitar... si puedo”. Lo primero que hará Mario
Soler, de 55 años, médico de familia en Murcia, es poner un cartel en
la puerta de su consulta; en él anunciará que es objetor y que atiende a
inmigrantes sin papeles. Y avisará a las administrativas. Cuando se lo
soliciten, apretará su horario para hacerles un hueco: “Les daré cita al
final de mi horario de consulta para que el resto de pacientes no
puedan decir que se retrasa su atención por su culpa”. De nueve de la
mañana a dos de la tarde suele pasar consulta. Hasta las tres se dedica a
hacer informes o reuniones. Será ese tiempo, de 14.00 a 15.00, el que
dedique a atenderles. ¿Y qué hará con el trabajo al que dedicaba esa
hora diaria? “Lo haré más deprisa o saldré un poco más tarde. No van a
ser tantos; en ningún caso me va a desbordar ni a trastocar mi trabajo,
estoy seguro”.
Hasta ahí, Mario solo depende de él y de su tiempo. El problema de
las pruebas ha pensado solucionarlo con un resquicio del sistema: si se
le permite atender urgencias, entonces su truco será tratarlos a todos
como urgentes. “Que me argumenten que no es urgente una infección de
orina. ¿Y si se complica y acaba en una pielonefritis?”, inquiere. Más
complicado será derivarles a un especialista. Sospecha que no va a ser
tan fácil como cuando se pedía un favor para un hermano o un amigo. “Si
mi paciente necesita a un cardiólogo y yo no conozco a ninguno, ¿qué voy
a hacer?”.
En todo caso, no tiene dudas sobre la cuestión de fondo: “Pocas cosas
en mi vida profesional he tenido más claras que esta. Mi lealtad con el
sistema nacional de salud es importante, pero tengo otra lealtad con
mis pacientes y en este conflicto ético he optado por darles prioridad a
ellos”, argumenta. Él cree que los médicos que no van a objetar se
equivocan: “Para un médico es un delito denegar asistencia a un enfermo.
Los que quieran cumplir la norma van a tener un gran conflicto”.
Sagrario Martín, médico de familia en un centro de atención primaria
de Madrid, resume su postura: anteponer la ética a la norma. “La salud
es un derecho humano, independientemente de la situación administrativa
de la persona”, dice. Y añade que excluir de la asistencia a un
colectivo “especialmente vulnerable” tiene riesgos de salud pública:
enfermedades infecciosas que no se atajan, retraso en diagnósticos,
saturación de urgencias… No tiene claro cómo hará efectiva su objeción.
“Hay mucha confusión. Cada día surgen nuevas informaciones sobre cómo se
aplicará la norma en cada autonomía. Va a ser difícil”, reconoce.
“Hasta que sepamos cómo quedan esas barreras no podremos decidir qué
hacer”.
La enfermera
Remedios Piqueras ya se ha puesto manos a la obra. Ha empezado a
hacer llamadas a especialistas, a médicos de urgencias, a colegas en
hospitales. El objetivo: averiguar quién está —también— en el barco.
Promete que ya tiene a unos cuantos. El ejercicio de la objeción de
conciencia en esta enfermera de 50 años, con 25 de profesión, va más
allá de seguir poniendo puntos o hacer curas a los inmigrantes
irregulares que llamen a la puerta: “Intentaremos crear una red para
atender a todo el mundo. En lo que no dependa de mí también intentaré
que haya una persona que les atienda”. Una red construida con el boca a
boca, que tendrá que volver a los métodos tradicionales. “Si el sistema
no me permite informáticamente derivarles al especialista, tendré que
escribirlo a mano. Al fin y al cabo, llegará a quien ya sepa que le
puede llegar”, propone. En su centro de salud, en Murcia, los
objetores
ya se han reunido para estudiar cómo organizarse. De momento hay muchas
dudas; solo serán conscientes de lo que son capaces de hacer una vez lo
pongan en marcha. “Va a ser difícil, pero confío en que al final seamos
muchos”.
El hospital
“Cualquier acto médico requiere la tarjeta sanitaria. Hay que pasar
la banda magnética físicamente, para todo”, señala Rafael Bornstein,
hematólogo del hospital de la Cruz Roja de Madrid. Se declara objetor,
pero admite que será “difícil llevarlo a la práctica”. Si se le pregunta
qué hará él si, por ejemplo, un colega de primaria le pide que atienda a
un
sin papeles, no duda: “Le vería si me lleva 10 o 15 minutos
de mi tiempo. Y no consultaría a la dirección. Otra cosa es utilizar
recursos diagnósticos del hospital. Entonces pediría permiso y, como
supongo que no me lo darían, no iría más allá”.
“Los irresponsables serán los que no objeten”, suelta la psiquiatra
Eudoxia Gay, que trabaja en el centro de salud mental de Carranque,
dependiente del hospital Virgen de la Victoria de Málaga. “Seguiré
viendo a los pacientes las veces que sea necesario”, asegura. Ella
confía en que sigan funcionando los “espacios informales de
comunicación” con los médicos del centro de salud, de forma que los
enfermos mentales sigan llegando a su puerta una vez detectados en
primaria. “El enfermo mental es la antítesis del turista sanitario.
Jamás demandará atención. En muchos casos ni siquiera tiene consciencia
de la enfermedad. Con los enfermos mentales es imposible la alternativa
de la ONG. No podemos hacer caridad ni beneficencia. No pueden ser
atendidos en urgencias. Al enfermo mental hay que detectarlo, y eso pasa
en primaria”, explica.
Gay cree que el “riesgo para la salud pública” es especialmente agudo
en el caso de la psiquiatría. “Si no tratamos a los inmigrantes, se
incrementará la bolsa de marginalidad enferma”, avisa. Sabe que será
difícil objetar, sobre todo en el caso de los tratamientos
farmacológicos, “que son caros”, y de recursos como pisos o centros de
día. ¿Y si algún enfermo
irregular necesita hospitalización? “Buscaré el ingreso a partir de la puerta de urgencias”.
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc)
admite que su campaña en favor de la objeción de conciencia es más una
medida de presión que un plan organizado. Su presidente, Josep Basora,
aún confía en que el Ministerio de Sanidad dé marcha atrás a una medida
que considera injusta e ineficaz. Médicos del Mundo también promueve en
su página web la firma para apoyar la objeción del personal sanitario y
la retirada de la normativa a través de la campaña
Derecho a curar.
Y la web yosisanidaduniversal.net va un paso más allá en el activismo:
permite descargar modelos de historias clínicas alternativas y
formularios con los que derivar a alguien a un especialista o pedir una
analítica a un paciente que no consta en ninguna base de datos. La
iniciativa propugna la “desobediencia civil” de profesionales y usuarios
contra el decreto del Gobierno, pero no quiere crear “un sistema
paralelo”, dice una colaboradora.
Pruebas diagnósticas
Miguel García Berciano, de 39 años, trabaja en el laboratorio de un
hospital madrileño, en el que analizan la sangre y otras muestras
biológicas de los pacientes del hospital y de varios centros de salud.
Los tubos con las muestras llegan con códigos de barras y ellos no saben
a quién corresponden, por lo que no pueden discriminar si se trata de
un inmigrante irregular o no. Es decir, si el médico sortea el sistema y
logra colar las muestras, se analizarán de forma habitual. Pero Miguel
estaría dispuesto a colaborar incluso al margen del sistema: “El médico
tendría que acercarse directamente al laboratorio con la muestra en
mano; si lo hace, aunque sea sin código de barras, intentaremos
analizarla”. “Pero yo tengo muchos filtros por encima. Cuando llegue a
mí ya habrá superado muchas barreras”, lamenta.
Lola Gimeno, de 57 años, es técnica de anatomía patológica y
citología en un hospital de Madrid. Hace autopsias, biopsias y
citologías. “Tengo poca capacidad de decisión; si el médico pide la
prueba no tengo más que hacerla”, explica. ¿Y si le consta que es de un
inmigrante irregular? “Yo lo haré, la salud es un derecho de todos, me
da igual el país en el que hayan nacido”, contesta. Sí necesitaría, sin
embargo, la firma del patólogo que pida la prueba. “Ahí tengo las manos
pilladas”.
Fuente:
El País
