La defensora del pueblo saliente, María Luisa Cava de Llano, firma un extenso documento en el que argumenta en contra de las ochenta peticiones recibidas para que presentara recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
La institución no admite que sea inconstitucional limitar la atención sanitaria a los extranjeros no residentes, tal y como figura en el artículo 1 del real decreto, y tampoco que exista una violación del artículo 43 de la Constitución, sobre la protección a la salud, al limitar las prestaciones del SNS. Estos fueron los aspectos en los que se centraron 73 de las 80 peticiones presentadas y a las que la institución ha respondido de manera conjunta. Entre las cinco restantes, está la de la Organización Médica Colegial (OMC), que va en contra de las disposiciones del real decreto referentes a la estaturarización del personal funcionario y personal de cupo y zona. El texto, dado a conocer por el sindicato Satse, señala que estas cuestiones son "objeto de análisis en una resolución específica", sin que ni la OMC ni el Defensor del Pueblo hayan aclarado más
En sus argumentos, la institución cita la jurisprudencia del Constitucional para señalar que no comparte la interpretación de los que ven en la norma una exclusión de la atención de extranjeros no residentes del SNS, al destacar que "reconoce determinadas modalidades de atención, como son la urgencia por enfermedad grave o accidente". Y aclara que, a la luz de la norma, los mayores de 26 años en paro no están excluidos del SNS.
Sobre la vulneración del artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud, la defensora señala que "del precepto constitucional no se infiere cuál ha de ser el concreto contenido de las medidas que han de integrar la acción protectora en el ámbito de la salud [...]; por ello, el modelo que finalmente se adopte no viene determinado en origen por el texto constitucional, sino que el legislador dispone de una amplia libertad para modular la acción protectora del sistema sanitario".
A pesar del aval que la defensora otorga a la norma, culmina su resolución con unas recomendaciones al Ministerio de Sanidad, que sintetiza en cinco puntos:
1) asegurar la coherencia global del SNS para facilitar el acceso a los colectivos más vulnerables;
2) dictar instrucciones dentro del Consejo Interterritorial para atender a personas con padecimientos graves;
3) que el SNS asuma la totalidad del coste del transporte sanitario no urgente de pacientes sometidos a tratamientos periódicos y de larga duración;
4) que se revise el nuevo sistema de fijación de precios para medicamentos financiados, y añade que, según está recogido en el real decreto "los medicamentos innovadores estarían sólo a disposición de quienes tengan mayores recursos".
Por último, insta a elaborar una nueva regulación sobre prescripción de medicamentos para indicaciones diferentes a las autorizadas y evitar "investigar con pacientes en indicaciones que no han sido suficientemente evaluadas".
Fuente: Diario Médico 27/07/2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario